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Investigan a Saiz en una causa por venta de tierras

La Justicia Penal investiga al ex gobernador Miguel Saiz, el ex ministro de Producción, Juan Accatino y los ex directores generales de Tierras, Jorge Belacín y Daniel Tait, por haber adjudicado directamente en venta a precios exiguos, tres lotes fiscales del área natural protegida meseta de Somuncura, a un empresario barilochense.

El negocio involucró 24.648 hectáreas que fueron transferidas al nuevo titular por un monto de 226.279,99 pesos, lo que representa 9,18 pesos la hectárea. La denuncia fue presentada por el ex legislador Luis Bardeggia, quien tras asumir como ministro de Producción el 10 de diciembre pudo acceder a esos documentos que entregó a la fiscal Daniela Zágari a fines de 2011.

La semana pasada, la agente fiscal imputó a los cuatro ex funcionarios del Ejecutivo y a Montes, en el requerimiento que recayó en el Juzgado 2 a cargo de Carlos Reussi. El magistrado, en tanto, esta semana solicitó una medida cautelar denominada de «anotación de litis» que resguarda que ante una pretensión de venta de esos inmuebles se notifique al potencial comprador de que los mismos están siendo investigados por supuestas irregularidades.

El hoy titular del IPPV, Luis Bardeggia, denunció que en tres expedientes se tramitó la adjudicación de tierras fiscales, solicitadas oportunamente por Guido Pilquimán y Silvano Aguilar, siendo ambos ocupantes vecinos colindantes de Mauricio Montes. Todos estos lotes fiscales, ocupan en su conjunto la cantidad de 24.648 hectáreas.

Según Bardeggia, mientras se tramitaba el permiso precario de ocupación a favor de Pilquimán y Aguilar, ambos requirieron el 8 y 10 de abril de 2006 respectivamente, autorizaciones para transferir la tierra a Montes, obteniendo una respuesta positiva de parte de Tait y Belacín.

El 14 de diciembre de 2006 se adjudicó en venta la totalidad de los tres predios fiscales a Montes, a un valor de 9,18 pesos la hectárea, sumas estas que serían abonadas mediante la entrega del 10 por ciento de contado y el saldo en cuotas.

A Bardeggia le llamaron la atención dos situaciones. Por un lado, el precio «espurio con que fuere tasada la tierra fiscal, donde se erige una empresa vinculada a la cría de guanacos». Y por otro, el hecho de que el Estado provincial enajenó tres unidades económicas en un mismo acto y a favor de una misma persona.

Estos elementos también habrían sido considerados en la promoción de acción penal. Bardeggia destacó que la normativa prohíbe adjudicar más de una unidad productiva a favor de una misma persona.

De la misma manera que ocurrió en setiembre pasado con unos 20 campos de la cordillera, el Registro de la Propiedad Inmueble deberá advertir que estas tierras están en litigio judicial.

La medida de anotación de litis busca impedir que si se realizan nuevas cesiones de esas tierras, los adquirentes puedan invocar haber comprado de buena fe.

La venta sospechada se materializó mediante escrituras suscriptas por el ex gobernador Miguel Saiz y el ex ministro de Producción Juan Accatino, a favor de Mauricio Montes. Los funcionarios habrían validado el proceso de adjudicación inaplicando las disposiciones normativas en connivencia con Montes a fin de obtener un beneficio económico.

Cabe recordar que Accatino, Belacín y Tait fueron imputados junto a tres privados en el marco de otra causa, también ligada a la enajenación de lotes fiscales. En esos casos, se trató de unos 20 campos ubicados en la cordillera. El denunciante, Luis Bardeggia, consideró en relación a esos hechos que «queda consumado un enorme fraude al patrimonio público provincial».

           Posibles víctimas

Por lo que se desprende de la investigación, Montes -quien tendría una sociedad con Federico Bernardo Van Ditmar, padre de Nicolás, vinculado a Joe Lewis- pagó a Silvano Aguilar 25 mil pesos por venta de derechos y mejoras en un lote de 11 mil hectáreas en cercanías del cerro Puntudo, en plena meseta de Somuncura.

En tanto, a Guido Pilquimán, Montes le pagó 15 mil pesos por la venta de derechos y mejoras en el lote lindero de 5.800 hectáreas. La Justicia investiga si además de la presunta defraudación al Estado por la venta a precios irrisorios de tierras fiscales y la transferencia de tres lotes en un mismo acto a un único adquirente, existió en la maniobra un perjuicio directo a Aguilar y Pilquimán que podrían haber sido engañados con ardides.

En los expedientes que obran en la Justicia existen notas impresas en computadoras y firmadas con prolija caligrafía por Aguilar y Pilquimán. Al menos Aguilar es semianalfabeto, vivió toda su vida en la meseta de Somuncura, con un contacto muy escaso con las poblaciones urbanizadas. «Río Negro» estuvo con Silvano Aguilar, casualmente a pocos meses de las transferencias sospechadas y comprobó la situación en la que vive (Fuente Diario Rio Negro)

 

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