Primera condena firma para el exministro Barbeito

El Superior Tribunal de Justicia confirmó una condena para el ex ministro César Barbeito y sumó incertidumbre a su situación porque acumula otros dos procesamientos, con juicios pendientes de iniciación.

De las tres causas, el expediente resuelto por el STJ es el más simple, pues corresponde al uso de un vehículo oficial y fondos públicos para su campaña. Quedan, en cambio, el juicio de sobresueldos por cobros indebidos de fondos públicos y el tercero por la contratación irregular de obras escolares. Barbeito, con esta condena de tres años en prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para cargos públicos, afrontará los otros dos juicios y se le presenta un panorama grave para su libertad.

La causa ratificada por el STJ investigó el uso de un vehículo de Educación y el pago de pintura para la elaboración de carteles en la campaña proselitista interna de esa fuerza, a mediados de 2010. Además de Barbeito, la sentencia alcanza a quien era delegado del ministerio en el Valle Inferior, Oscar Camperi. Un pintor atestiguo que este funcionario lo llevó a Conesa para realizar carteles de “Barbeito Gobernador”. La denuncia la formalizó el ex Fiscal de Investigaciones, Pablo Berraz después de una presentación de la ex Defensora Ana Piccinini.

El expediente de sobresueldos está en el Tribunal para la fijación de la fecha de juicio, alcanzando a Barbeito y otros seis miembros del gabinete de Miguel Saiz: Francisco González, Diego Larreguy, Juan Accatino, Omar Contreras, Cristina Uría y Alfredo Pega. También figuran los ex funcionarios de Aníbal Hernández, Daniel Bossero, José Ongaro y Sergio Pendaz mientras que el ex Fiscal de Estado, Alberto Carosio aceptó juicio abreviado y se lo condenó a un mes de inhabilitación de ejercer cargos y una multa de 13 mil pesos. Los ministros están imputados de peculado, a partir que la provincia le abonó más de 24 millones entre el 2004 y 2010.

El tercer procesamiento de Barbeito es por “fraude en perjuicio de la administración pública” por las tramitaciones irregulares de obras escolares en Allen, entre 2008 y 2010. La causa también está para debate después que Barbeito rechazó el juicio abreviado. Además, la imputación llega al constructor Juan Domingo Franco, a quien se le adjudicó las cuestionadas, a su representante Daniel Aquilano, y los ex delegados escolares Marcos Villarruel y Daniel Gatica.

En el expediente del uso del vehículo para su campaña, el STJ ratificó la imputación de “peculado” y confirmó totalmente la condena inicial porque se acreditó “el dolo con el que actuaron ambos imputados en el caso para la puesta en funcionamiento del vehículo y sus costos económicos inherentes para una reunión inexistente”. El juez Enrique Mansilla firmó el voto rector y desestimó un pedido de nulidad por la extensión del proceso, pues “no supera el máximo previsto”. También respaldó la opinión de la Cámara de la calificación jurídica porque “ha respetado los principios lógicos del pensamiento y ha expuesto una adecuada reconstrucción del hecho acorde con las exigencias establecidas por la Corte Suprema de Justicia”, determinando “la ausencia de la arbitrariedad denunciada, ya que la solución jurídica del caso se ajusta a la doctrina legal”. Mansilla cuenta con votos de Liliana Piccinini y Sergio Barotto mientras los otros -Adriana Zaratiegui y Ricardo Apcarian- se abstuvieron.

 

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