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Reformas fiscales: cómo impacta mayor inflación

Desde ésta columna hemos explicado las distintas normas que han conformado la ambiciosa reforma tributaria de la administración actual. Al respecto debemos mencionar las modificaciones introducidas a la ley del impuesto a las ganancias, la nueva ley de financiamiento productivo y la revaluación contable y fiscal optativa de bienes de uso e inversiones.

Los recientes sobresaltos macroeconómicos han producido una devaluación de nuestra moneda y, por lo tanto, el mercado y los actores económicos ya descuentan una inflación acumulada para el 2018 al menos similar a la del año 2017. Asimismo se espera una inflación de aproximadamente 17% para 2019 y recién se llegaría al dígito de inflación en 2020.

Este escenario inflacionario merece ser analizado a la luz de las normas referidas. En efecto, la ley del impuesto a las ganancias reestablece el mecanismo de ajuste por inflación integral en aquel ejercicio fiscal en el cual se verifique un porcentaje de variación del índice de precios internos al por mayor -IPIM- (acumulado en los 36 meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquida), superior al 100%.

Las disposiciones del párrafo precedente tienen vigencia para los ejercicios comerciales que se inicien a partir del 1 de enero de 2018. Respecto del primer y segundo ejercicio a partir de la vigencia mencionada, ese procedimiento será aplicable en caso que la variación acumulada de ese índice de precios, calculada desde el inicio del primero de ellos y hasta el cierre de cada ejercicio, supere un tercio (1/3) o dos tercios (2/3), respectivamente, el porcentaje indicado en el párrafo anterior. A modo de ejemplo, para un ejercicio iniciado el 1/1/18, el ajuste por inflación integral procedería si la variación acumulada del índice de precios supera el 33% en 2018 o el 66% acumulado al 31/12/19. Recordamos que según información del propio INDEC la variación anual del IPIM a diciembre 2017 fue del 18,8% y el mismo índice ya acumula una variación porcentual anual del 29,2% a abril 2018 y un 13,8% en lo que va del año. Los sujetos empresa deben repasar entonces su estructura patrimonial a la luz de una eventual aplicación del sistema integral de ajuste en los periodos 2018 o 2019.

De no superarse los porcentajes referidos, el ajuste por inflación fiscal integral no procederá. No obstante, la ley del impuesto a las ganancias permite la actualización de los siguientes activos y sus amortizaciones: (a) Bienes muebles amortizables; (b) Bienes inmuebles; (c) Bienes Intangibles; (d) Acciones y participaciones sociales; (e) Señas o Anticipos que congelen precio; (f) Deducción por agotamiento de minas, canteras y bosques; (g) Amortizaciones de inmuebles y (h) Amortización de bienes muebles. En efecto, las adquisiciones o inversiones efectuadas en los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1/1/18, podrán ser actualizadas sobre la base de las variaciones porcentuales del Índice de Precios Internos al por Mayor que suministre el INDEC.

La ley contiene entonces dos sistemas de ajuste. En un escenario en el que el índice de precios acumulado durante los 36 meses anteriores supere el 100% o sus porcentaje de transición, se establece el ajuste integral por inflación. Asimismo, ante un escenario inflacionario que no supere dichos porcentajes, se podrán actualizar únicamente el costo histórico y amortizaciones de las adquisiciones o inversiones que se efectúen a partir del 1 de enero de 2018. Recordamos que aquellos sujetos empresa que acumulen pasivos, no gravarán la ganancia que deberían reconocer si se aplicara el mecanismo de ajuste integral por inflación fiscal pero sí se les permitirá el ajuste parcial sobre las inversiones efectuadas con ese endeudamiento. Por el contrario, esos mismos contribuyentes podrían determinar mayor impuesto si el índice IPIM supera los porcentaje establecidos por la ley.

Resta por último repasar el otro mecanismo que se ha puesto a disposición de los contribuyentes por única vez y de manera opcional. El sistema permite el revalúo fiscal y contable de Activos. No abordaremos en esta oportunidad el debate sobre la conveniencia financiera de la opción al sistema pero sí es importante remarcar que aquellos que opten por el revalúo podrán continuar ajustando por inflación el costo de los bienes revaluados. Así lo establece la propia Ley 27.430 en su artículo 290 debiéndose considerar a tales efectos los valores de los bienes que surjan como consecuencia del mencionado revalúo, y como fecha de inicio de las actualizaciones respectivas el 1 de enero de 2018 o el primer día del ejercicio fiscal siguiente al período de la opción, según corresponda. Éste beneficio no está permitido para los contribuyentes que no elijan reajustar sus activos. En otras palabras, aquellos que no utilicen el mecanismo de revalúo no podrán actualizar el costo histórico de los bienes anteriores a la vigencia del sistema. Resta confirmar que quienes ejerzan la opción de revaluar renuncian a promover cualquier proceso judicial o administrativo por el cual se reclame, con fines impositivos, la aplicación del ajuste por inflación fiscal respecto del periodo de la opción.

 

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