Seis fiscales empiezan a investigar el Plan Techo Digno en Río Negro

La fiscal roquense Graciela Echegaray encabezará un equipo para investigar el destino y manejo de los fondos nacionales de viviendas de Techo Digno, administrados por los municipios rionegrinos entre el 2012 y 2015.

La Procuración General dispuso la conformación de un grupo especial, bajo la coordinación de Echegaray y con la integración de fiscales de cada circunscripción, considerando que existen expedientes de distintas localidades.

Los otros cinco investigadores serán: Juan Pedro Peralta en los tribunales de Viedma, Guillermo Lista de Bariloche, Oscar Cid de Cipolletti mientras que Miguel Fernández Jadhe y Julieta Villa estarán en Roca. También se alistarían contadores e ingenieros para las evaluaciones de los desembolsos y las construcciones.

La primera misión fue el relevamiento de los expedientes enviados por el Juzgado Federal N° 11 de Capital Federal, a cargo de Claudio Bonadio, con sus planes objetados por los manejos de fondos por parte de distintos municipios.

El recuento inicial arrojó expedientes de nueve municipios: Río Colorado, Cervantes, Fernández Oro, Cipolletti, Bariloche, Jacobacci, Conesa, Sierra Grande y San Antonio.

Los fiscales ya ordenan documentaciones incluidas en cada expediente mientras esperan que Bonadio remita la documentación faltante, especialmente aquella relacionada con los allanamientos que se cumplieron en el segundo semestre de año pasado en los municipios de Río Colorado, Sierra Grande, Bariloche, Jacobacci y Fernández Oro.

Sin intermediación de la provincia, entre el 2012 y 2015 el ministerio de Obras Públicas, a cargo de Julio De Vido, firmó convenios en forma directa con una veintena de gobiernos municipales para la construcción de viviendas por el Plan Techo Digno. Posteriormente, sus ejecuciones fueron objetadas y, también, el manejo de los fondos remitidos por Nación a las intendencias.

La mayoría de los planes fueron transferidos en el 2016 al Estado provincial para su conclusión. En ese contexto, hoy se entregará un conjunto de viviendas en Jacobacci, enmarcado en este cuestionado proceso de ejecución.

Los iniciales cuestionamientos se transformaron en causas penales, que recayeron en juzgados federales de Capital Federal y, poco a poco, se centralizaron en el juez Bonadio, quien ordenó aquellos allanamientos o testimonios. Ese magistrado logró acumular mucha información, todavía mayormente no remitida a Río Negro. Luego, la Corte Suprema de Justicia declaró la incompetencia federal y ordenó que estas presuntas irregularidades de los planes del Techo Digno fueran evaluadas en los tribunales provinciales.

En realidad, el expediente analizado por la Corte fue un conflicto por la investigación de 40 viviendas en la localidad correntina de Perugorría, pues el juzgado de Curuzú Cuatiá pretendía ocuparse mientras el juez federal reclamaba lo mismo porque “el dinero pertenecía a un plan nacional” y el “consecuente perjuicio” sería a las “arcas nacionales”. Incluso, por esa causa, el magistrado correntino Martín Vega detuvo –entre otros ex funcionarios– a la ex jefa comunal, Angelina Lesieux, con un mucha repercusión nacional porque, inicialmente, estuvo prófuga en el exterior y, luego, en febrero se entregó.

 

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