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Tarifas: gesto político del PJ al gobierno

Con un gesto político hacia el oficialismo, el bloque de senadores nacionales del justicialismo decidió postergar una semana la firma del dictamen a favor del proyecto que busca frenar los tarifazos en los servicios públicos. “Hasta ese momento el gobierno tiene tiempo para hacer una propuesta superadora, razonable y que implique una disminución real en los aumentos”, dijo este martes el jefe del interbloque Argentina Federal, Miguel Pichetto.

El tratamiento de la iniciativa, aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados, comenzará este lunes en un plenario de las comisiones de Derechos y Garantías (cabecera), Minería y Energía y de Presupuesto, presididas por la senadora radical Olga Brizuela y Doria; el neuquino Guillermo Pereyra y el macrista Esteban Bullrich, respectivamente.

El proyecto de “Emergencia Tarifaria”, elaborado en Diputados por los bloques del Frente Renovador y Argentina Federal y respaldado por el Frente para la Victoria y otros espacios opositores, frena las subas en las facturas de los servicios públicos en 2018 y condiciona nuevos aumentos a la actualización del coeficiente de variación salarial.

Además de la eliminación del artículo que establecía una rebaja del IVA en las facturas por pedido de los gobernadores, los diputados introdujeron modificaciones para establecer una línea de corte para los altos consumos. Las declaraciones de Pichetto abrieron al oficialismo una puerta para buscar consensos con alguna propuesta alternativa al proyecto con media sanción.

Sin embargo, desde el gobierno se reiteraron argumentos sobre el costo fiscal de la norma, además de recordar que queda la instancia del veto presidencial. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, sostuvo este martes en la Casa Rosada, tras participar del acto de presentación del Inventario Nacional de los Glaciares, que retrotraer las tarifas eléctricas a diciembre de 2017, implicaría un costo para las empresas eléctricas provinciales de 75.000 millones de pesos en 2018 y de 95.000 para 2019.

Señaló que el proyecto opositor “tiene un costo fiscal muy importante y relevante” y agregó que las provincias “también son responsables de lo que significa una política tarifaria que no se puede legislar y retrotraerlas al 2017 por el alto costo que significa”.

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