Techo Digno: los exintendentes y empresarios vuelven a ser investigados en la megacausa de Río Negro

El Superior Tribunal de Justicia convalidó hoy la investigación fiscal en las causas de Techo Digno contra exintendentes y empresarios, avalando su continuidad con la revocatoria a las nulidades que resolvió el Tribunal de Impugnación.

También cayeron los sobreseimientos fijados por el juez Ignacio Gandolfi para los exintendentes de San Antonio, Javier Iud y de Conesa, Alejandra Mas, como también, del empresario Juan Castelli.

El STJ, con un voto conjunto de sus cinco vocales, cuestionó duramente los fallos del mencionado magistrado y del Tribunal de Impugnación, conformado por Carlos Mussi, Miguel Cardela y Adrián Zimmermann.

Al considerar sus sobreseimientos, el STJ entendió que Gandolfi adoptó una decisión “prematura” como juez revisor y que “la corrección omitida por el TI derivó en su ratificación implicaron una injerencia jurisdiccional indebida en las funciones” de los fiscales y “un impedimento para desarrollar un ejercicio eficaz de sus facultades en temáticas de por sí complejas”.

En relación a las nulidades, los jueces superiores consideraron que el fallo del TI tiene “un excesivo rigor formal incompatible con el servicio de justicia e impide alcanzar la finalidad última del proceso penal”, consistente en “la averiguación de los hechos que se reconocen de interés para la apreciación de la responsabilidad de los imputados”.

En concreto, el STJ determina que los fiscales retomen las distintas investigaciones, que -en su mayoría- tienen con imputaciones formuladas.

Así, además del expediente del sobresimientos y las nulidades, la megacausa de Techo Digno incluye imputaciones en las cuatro circunscripciones, alcanzando también a los intendentes Luis Ivancich (Godoy) y Renzo Tamburrini (Sierra Grande), y los exjefes comunales Daniel Belloso (Choele Choel), Gilberto Montanaro (Cervantes), Carlos Pilotti (Río Colorado), María Martini (Bariloche), Pedro Dantas (Campo Grande) y Juan Reggioni (Fernández Oro). También figuran los constructores de los planes cuestionados.


Fallos “prematuros”


En su análisis, el STJ insistió en lo anticipado del sobresimiento de Gandolfi y la ratificación por parte del Tribunal de Impugnación. Fueron “prematuras” ya que “es recién al concluir la etapa preparatoria cuando el Ministerio Público Fiscal -como acto conclusivo- puede formular su acusación y precisar las figuras jurídicas involucradas” la que al “momento de requerir la apertura de juicio puede ser distinta”. Les recuerda que “en la siguiente etapa (intermedia), en la que se efectúa el control, de advertirse errores formales de la acusación, el juez puede otorgar cinco días de plazo para subsanarlos. El Ministerio Público Fiscal puede no estar de acuerdo y solicitar revisión, mas si no actúa de tal modo o deja transcurrir el plazo sin sanear, el sobreseimiento será obligatorio porque la acusación se tendrá por no presentada”.

Las acusaciones, que se reparten en las cuatro circunscripciones, se concentran en las diferencias de los fondos enviados por Nación y el nivel de construcción de las viviendas en el 2016 cuando la Provincia asumió la continuidad de esos planes federales. Entre las irregularidades que los municipios presentaron certificación de ejecuciones irreales -con firma apócrifas de los jefes comunales- para lograr las transferencias nacionales.

En abril, la discusión por las acusaciones fiscales llegó al STJ, que empezó su análisis en audiencias presididas por su titular, Sergio Barotto, con la participación de los otro cuatro miembros, Liliana Piccinini, Ricardo Apcarian, Sergio Ceci y Cecilia Criado.

En esa ocasión, el cuerpo escuchó al fiscal general Fabricio Brogna y los defensores de los imputados. Un primer debate se concentró en la apertura o no del análisis por parte del máximo tribunal, lo cual, fue aceptado y, posteriormente, se avanzó en el tema en conflicto: el alcance de la investigación de los fiscales, con sus imputaciones en la actual instancia.

El Ministerio Público defendía esa potestad porque entendía que los fallos de jueces y del Tribunal de Impugnación avanzaban en sus facultades, considerándolo como una situación de “grave por sus consecuencias institucionales”.

Advertía que el fallo del TI -que anuló las acusaciones fiscales- significaría que estos “hechos de corrupción se cerrarían” sin su etapa de “investigación formal” y explicaría “la sospecha que el juez ha actuado por la presión de los intereses políticos o económico”.

Techo Digno: STJ anuló sentencias y dispuso dar continuidad a la investigación

El Superior Tribunal de Justicia, en decisión unánime, anuló las sentencias del Tribunal de Impugnación y de un juez en función de revisión de Viedma con relación a la denominada causa Techo Digno. De esta manera, dispuso “remitir los legajos individualizados a las respectivas Oficinas Judiciales para dar continuidad a su tramitación”.

El STJ hizo un análisis de las implicancias de cada etapa de un proceso penal, reafirmó la provisoriedad de la formulación de cargos y la potestad del Ministerio Público Fiscal para llevar adelante la investigación, con los jueces y juezas como garantes de los derechos de las partes.

En este marco, afirmó que tanto los sobreseimientos dictados en la primera circunscripción judicial como la nulidad que el Tribunal de Impugnación dispuso para las otras formulaciones de cargo en distintas ciudades de la provincia fueron “prematuras” e implicaron una “injerencia” en las funciones del Ministerio Público Fiscal. Asimismo, indicó que para los requerimientos de la etapa, las formulaciones analizadas habían cumplido su cometido.

Anulación de los sobreseimientos

En la primera circunscripción judicial, el juez de garantías había aceptado las formulaciones de cargo. Pero en su revisión otro juez había revocado la decisión y dispuesto el sobreseimiento de los imputados.

El STJ anuló esos sobreseimientos y ordenó “mantener los efectos de lo decidido por el señor Juez de Garantías”.

El máximo Tribunal rionegrino explicó que “el sobreseimiento -una vez firme- cierra irrevocablemente el procedimiento e impide una nueva persecución penal por el mismo hecho”. Por eso, “no se sobreseen calificaciones jurídicas desajustadas”.

Para el STJ el Tribunal de Impugnación “soslayó referir a la liminar etapa en la que transitaba el legajo, planteando interrogantes (al igual que el revisor) pretendiendo que lo traído en la formulación de cargos tuviera las condiciones de calidad de prueba, propia de la etapa de juicio”.

En este punto, el Superior Tribunal hizo consideraciones sobre lo que implica la etapa de formulación de cargos: “en esa audiencia no se producen pruebas, sino que se alude a «la información con que cuenta la Fiscalía» (art.130 en concordancia con el art.120 CPP)”.

Agrega que “esa modalidad resolutiva de sobreseimiento fue utilizada de modo anticipado y prematuro, con lo que ha limitado o directamente impedido un funcionamiento eficaz de la investigación de delitos. Ello así puesto que impidió en la etapa preparatoria que la parte acusadora desplegara su tarea tal como establece el ritual, esto es: preparando la investigación, anoticiando a los involucrados de que ello ocurriría, con el grado de provisoriedad y mutabilidad propia de la etapa”.

Al analizar las etapas procesales en su conjunto, el STJ argumentó que es en el control de acusación donde “la completitud de la acusación y la subsanación de defectos formales es exigible”. Pero en la formulación de cargos no, “porque solo es necesaria la base fáctica a investigar, la individualización, si fuere posible, de todas las personas involucradas, y una subsunción típica provisoria, brindando la información con la que se cuenta”.

“No cabe duda entonces de que este primer estadio de trámite procesal encuentra otras etapas sucesivas hasta determinar que un reproche individual tiene la aptitud para ser resuelto en juicio, por lo que es dable concluir en su provisoriedad y flexibilidad. Asimismo, la continuidad del trámite también cuenta con múltiples oportunidades posteriores para las funciones de información y saneamiento”, agregó.

Aplicando esos criterios a la causa, concluyó que “tanto el sobreseimiento prematuro del Juez revisor como la corrección omitida por el TI que derivó en su ratificación implicaron una injerencia jurisdiccional indebida en las funciones del Ministerio Público Fiscal y un impedimento para desarrollar un ejercicio eficaz de sus facultades en temáticas de por sí complejas”.

Así, “el sobreseimiento era no solamente prematuro por una equivocada interpretación sistemática de normas procesales y de principios constitucionales, sino que también hacía imposible cualquier persecución razonable por la utilización espuria de fondos públicos mediante la mecánica ya expuesta en los hechos formalizados inicialmente”

Los legajos de las otras circunscripciones

En los otros cinco casos, de distintas circunscripciones, no se habían dictado sobreseimientos en etapas anteriores. Pero el Tribunal de Impugnación había ordenado la nulidad de las formulaciones de cargo y reenviado para su eventual nueva realización bajo otro contenido.

Aunque formalmente quedaba abierta la posibilidad de reformular la acusación fiscal, el fallo del STJ expone que “el conjunto de las consideraciones del TI para arribar a la nulidad ponía en riesgo el éxito de cualquier posibilidad razonable de reformulación o de nueva formulación de cargos; de ahí la equiparación a definitiva de lo resuelto”.

Como ya había quedado expuesto al tratar el expediente anterior, dice el STJ que “el TI realizó una interpretación errada sobre las posibilidades de formulación y reformulación de cargos, en tanto se encontraba en transcurso la etapa preparatoria”.

“Todos los interrogantes que el TI se ha planteado y autorrespondido” al anular las formulaciones de cargo no podrían ser contestadas en esa etapa inicial del proceso y solo podrían ser develados por un “juez que ha transitado el debate”. Para el STJ, procurar atender todas las cuestiones planeadas en el fallo del TI tornaría “ineficaz e ímproba la tarea de la Fiscalía en la investigación de delitos complejos”.

Nuevamente el Superior Tribunal de Justicia observó una decisión anticipada. Concluyó que “la actividad del TI ha obstaculizado las posibilidades de formulación y reformulación de cargos en el inicio de la etapa preparatoria y ha sentado criterios que resultan prematuros e incorrectos, toda vez que el perfeccionamiento de la formulación de cargos necesita de tal evolución y tránsito de la etapa que da inicio formal a la investigación hasta el estadio conclusivo para dar lugar a la acusación que el Ministerio Público estime mejor”.

Por último, el Máximo Tribunal rionegrino analizó que algunas consideraciones del TI respecto a la prueba tampoco se corresponden con la etapa procesal inicial. No cabe sentar criterio en esta fase “sobre el mérito probatorio para criticar los informes periciales de cargo demostrativos de la diferencia entre lo pagado, la certificación de avance de obra y la realidad de esta, entre otros muchos extremos de fondo que fueron escuchados y sobre los que no se formula ninguna apreciación, dado que no corresponde sentar criterio en esta ocasión”.

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