Juntos Somos Río Negro apuesta a la reforma del Código Penal

Esta semana los diputados nacionales por Juntos Somos Río Negro, Luis Di Giacomo y Agustín Domingo, presentaron un proyecto de reforma de los artículos 23 y 181 del Código Penal de la Nación. Buscan brindar una solución de fondo y un acompañamiento efectivo a los propietarios de inmuebles afectados por las tomas y usurpaciones.

“Claro que existe una necesidad de dar una solución al acceso a tierras, siendo el Estado el que debe garantizarlo. Pero no puede confundirse con la posibilidad de hacerlo de manera ilegal, en violación a la normativa vigente”, fundamentó el presidente del Interbloque Provincias Unidas y autor de la reforma, Luis Di Giacomo.

A su vez, Agustín Domingo explicó que de convertirse en ley “quien sufre el despojo del fruto de su esfuerzo sabrá que puede contar con la justicia, como ahora no sucede”, y explicó que los cambios propuestos apuntan a “garantizar el derecho de propiedad”.

Particularmente estas modificaciones pretenden establecer penas más duras -con un mínimo de 4 años de prisión- y acelerar los procesos de restitución de los bienes robados o hurtados. Y apunta directamente hacia aquellos grupos violentos que configuran esta práctica delictiva como un “modo de vida”.

En el artículo 23, que habla sobre “decomisos y medidas cautelares”, el proyecto establece la capacidad del juez de disponer del “reintegro inmediato de los bienes” en los casos donde haya riesgo de demora. Esta medida es de gran incidencia para la celeridad del proceso legal, ante el desgaste y las dilataciones que se produce normalmente en estas instancias.

Por otra parte, en el artículo 181 se agregaron dos agravantes a la tipificación del delito de usurpación. El primero refiere a la incidencia del número de personas partícipes, siendo que a mayor proporción aumenta la eficacia de las tomas y la capacidad de amedrentamiento.

Y el segundo ocurre en situaciones de “alegación de derechos tradicionales injustificados”, es decir, cuando los grupos violentos se escudan detrás de un derecho reconocido por la Constitución para cometer delitos.

Se abre ahora un proceso de profundo debate y discusión en la Cámara Baja para el tratamiento de esta controvertida problemática.

PROYECTO DE LEY
El Senado y La Cámara de Diputados de la Nación sancionan con fuerza de Ley…
ARTICULO 1º.- Modifíquese el Artículo 23 del Código Penal, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
“ARTICULO 23.- En todos los casos en que recayese condena por delitos previstos en
este Código o en leyes penales especiales, la misma decidirá el decomiso de las cosas que
han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el
provecho del delito, en favor del Estado Nacional, de las Provincias o de los Municipios,
salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros.
Si las cosas son peligrosas para la seguridad común, el comiso puede ordenarse aunque
afecte a terceros, salvo el derecho de éstos, si fueren de buena fe, a ser indemnizados.
Cuando el autor o los partícipes han actuado como mandatarios de alguien o como
órganos, miembros o administradores de una persona de existencia ideal, y el producto o
el provecho del delito ha beneficiado al mandante o a la persona de existencia ideal, el
comiso se pronunciará contra éstos.
Cuando con el producto o el provecho del delito se hubiese beneficiado un tercero a título
gratuito, el comiso se pronunciará contra éste.
Si el bien decomisado tuviere valor de uso o cultural para algún establecimiento oficial o
de bien público, la autoridad Nacional, Provincial o Municipal respectiva podrá disponer
su entrega a esas entidades. Si así no fuere y tuviera valor comercial, aquélla dispondrá
su enajenación. Si no tuviera valor lícito alguno, se lo destruirá.
En el caso de condena impuesta por alguno de los delitos previstos por los Artículos 125,
125 bis, 127, 140, 142 bis, 145 bis, 145 ter y 170 de este Código, queda comprendido
entre los bienes a decomisar la cosa mueble o inmueble donde se mantuviera a la víctima
privada de su libelad u objeto de explotación. Los bienes decomisados con motivo de
tales delitos, según los términos del presente Artículo, y el producido de las multas que
se impongan, serán afectados a programas de asistencia a la víctima.
En caso de los delitos previstos en el Artículo 213 ter y quáter y en el Título XIII del
libro Segundo de éste Código, serán decomisados de modo definitivo, sin necesidad de

condena penal, cuando se hubiere podido comprobar la ilicitud de su origen, o del hecho
material al que estuvieren vinculados, y el imputado no pudiere ser enjuiciado por motivo
de fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier otro motivo de suspensión o extinción de
la acción penal, o cuando el imputado hubiere reconocido la procedencia o uso ilícito de
los bienes.
Todo reclamo o litigio sobre el origen, naturaleza o propiedad de los bienes se realizará a
través de una acción administrativa o civil de restitución. Cuando el bien hubiere sido
subastado sólo se podrá reclamar su valor monetario.
El juez podrá adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares
suficientes para asegurar el decomiso del o de los inmuebles, fondos de comercio,
depósitos, transportes, elementos informáticos, técnicos y de comunicación, y todo otro
bien o derecho patrimonial sobre los que, por tratarse de instrumentos o efectos
relacionados con el o los delitos que se investigan, el decomiso presumiblemente pueda
recaer.
El mismo alcance podrán tener las medidas cautelares destinadas a hacer cesar la
comisión del delito o sus efectos, o a evitar que se consolide su provecho o a obstaculizar
la impunidad de sus partícipes. En todos los casos se deberá dejar a salvo los derechos de
restitución o indemnización del damnificado y de terceros.
En las causas por usurpación, defraudaciones, hurtos o robos, a pedido de parte o
damnificado, el Juez podrá disponer provisionalmente el inmediato reintegro de la
posesión o tenencia del inmueble, o el reintegro del bien del cual se hubiere sufrido
desapoderamiento, cuando del análisis de las condiciones fácticas, surja que, prima facie,
se encuentran reunidos los requisitos típicos, el derecho invocado por el damnificado
fuere verosímil, y exista peligro en la demora. El juez podrá fijar una caución si lo
considerare necesario. Los códigos procesales, establecerán los procedimientos para
garantizar dichas medidas”.
ARTICULO 2°.- Modifíquese el Artículo 181 del Código Penal Argentino, el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO 181.- Será reprimido con prisión de seis meses a tres años:
1º el que por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad
despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del
ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca
invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes;

2º el que, para apoderarse de todo o parte de un inmueble, destruyere o alterare los
términos o límites del mismo;
3º el que, con violencias o amenazas, turbare la posesión o tenencia de un inmueble.
Si los delitos precedentemente descriptos se producen por parte de un grupo numeroso de
personas con el fin de generar un asentamiento de viviendas, las penas serán de 1 a 4 años
de prisión, para todos los que hayan participado del hecho.
Los organizadores de las ocupaciones mencionadas en el párrafo anterior, serán
reprimidos con penas de 3 a 6 años de prisión.
Cuando las acciones descriptas se produzcan por parte de un grupo numeroso de personas,
invocando injustificadamente derechos tradicionales sobre las tierras, generando
conmoción en la comunidad del lugar donde se produzcan los hechos, sea por la
producción de daños en los bienes y/o temor o daño en las personas, las penas serán de 4
a 10 años de prisión”.
ARTÍCULO 3°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

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