Es inconstitucional la ordenanza de Chimpay que permite el uso de radares sobre la ruta 22

22 de diciembre del 2022- Así lo ratifica hoy un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, cuando declara la inconstitucionalidad de una Ordenanza de la Municipalidad de Chimpay que le permitía instalar radares en la Ruta Nacional 22 y cobrar multas a partir de su uso.


Esa importante decisión es el resultado de un proceso judicial iniciado por la Fiscalía de Estado a instancias de la Defensoría del Pueblo de Río Negro, que ha venido bregando en los últimos años ante las autoridades nacionales y provinciales para lograr la regularización de esa situación anómala.


Desde el año 2018, la Defensoría del Pueblo, a través de un trabajo constante y minucioso y ante la gran cantidad de reclamos recibidos desde distintos puntos de la provincia y del país, viene advirtiendo respecto a la ilegalidad de los radares de control de velocidad ubicados en la provincia que no cuentan con autorización de la autoridad de aplicación: la Agencia Nacional de Seguridad Vial y, desde 2019, la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Esto como resultado de la modificación de la Ley de Tránsito Nº 5.263 en agosto de 2019, que hizo la reserva de jurisdicción para autorizar el funcionamiento de radares cinemómetros en rutas nacionales dentro del territorio provincial.


La Justicia definió el fondo del planteo, es decir, que la Ordenanza Municipal N° 22/2021 de Chimpay violenta las pautas de la Constitución Nacional como así también de la Provincial. En el fallo los integrantes del máximo tribunal consideraron que si bien el municipio tiene potestad para el control del tránsito, esa facultad se limita a la circulación urbana.


La Defensoría del Pueblo recibió con satisfacción la decisión judicial. Santagati destacó que “la radarización en la provincia es fundamental para la seguridad vial de todos los ciudadanos pero ello se debe realizar siempre en el marco de la legalidad, por ello el fallo del Superior Tribunal ratifica el correcto accionar en la temática que venimos trabajando desde el año 2018”.

Leé el fallo completo en https://defensoriarionegro.gov.ar/drn/wp-content/uploads/2022/12/FALLO-STJ-RADAR-CHIMPAY.pdf

Radares de Chimpay: STJ declaró inconstitucional la ordenanza que los habilitó

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) declaró inconstitucional una ordenanza del municipio de Chimpay que permitía el uso de radares en un tramo de la ruta nacional, “por carecer de competencia en la materia”. El fallo hizo un análisis de todas las leyes que regulan los cinemómetros. Consideró que la provincia de Río Negro se reservó mediante una ley la facultad de autorizar su instalación y por eso el municipio debe tramitar esos permisos.
A través de una ordenanza, el municipio de Chimpay autorizó la instalación de un radar en el tramo de la ruta nacional que pasa por la ciudad. En consecuencia hubo planteos de automovilistas que fueron multados, canalizados a través de la Defensoría del Pueblo. En ese contexto la Fiscalía de Estado promovió la inconstitucionalidad de la norma local ante el STJ, que tiene competencia originaria en este tipo de casos.
La Fiscalía de Estado alegó que la municipalidad carecía de facultades para ejercer este tipo de controles en las rutas nacionales sin autorización previa. La Procuración General dictaminó en ese mismo sentido.
En el análisis de las leyes nacionales, provinciales y municipales el fallo del STJ consideró que la provincia de Río Negro se reservó expresamente la facultad de autorizar la instalación y el uso de instrumentos cinemómetros y otros equipos o sistemas automáticos, semiautomáticos o manuales para el control de velocidad y otras infracciones en rutas nacionales o provinciales, caminos, autopistas, autovias o semiautopistas que atraviesen el ejido urbano de los municipios. Es más, la propia localidad adhirió a la Ley.
En ese sentido, el Poder Legislativo provincial dictó la ley de Tránsito S 5263 por la que adhirió a la ley nacional 24449 pero mediante otra ley, la S 5379, Río Negro introdujo modificaciones a dicha normativa y se reservó la jurisdicción, legislación, ejecución y control de las competencias en materia de prevención y control del tránsito y de la seguridad vial en las rutas nacionales y otros espacios del dominio público nacional dentro del territorio provincial. Ello, sin perjuicio de los convenios de colaboración que pudieran celebrarse oportunamente con Gendarmería Nacional, la Agenda Nacional de Seguridad Vial o cualquier otro organismo de la Nación.
En otras palabras, la Agencia Provincial de Seguridad Vial que depende de la Secretaría de Estado de Seguridad y Justicia es la que debe autorizar a los municipios la instalación y uso de los instrumentos cinemómetros. En el caso concreto el municipio de Chimpay no había realizado el trámite ante la Agencia Provincial de Seguridad Vial al momento de instalar el radar.
El fallo
La sentencia que declaró inconstitucional de la ordenanza municipal no desconoció la atribución del municipio de atender las cuestiones relativas al tránsito y la seguridad vial dentro de su ejido municipal en cuanto afectan intereses públicos locales, pero advirtió que dicha facultad queda circunscripta al tránsito urbano, tal como surge de la Carta Orgánica Municipal. En conclusión se estableció que la municipalidad “carece de facultades para disponer la utilización de radares en la ruta nacional mencionada, en tanto se trata de una competencia reservada a la Nación y a la Provincia”.
El fallo del máximo Tribunal hizo un análisis de los alcances de la autonomía municipal y las normas aplicables en este caso particular. Concluyó que “el Concejo Deliberante de Chimpay, al legislar sobre una temática no prevista en el regimen municipal y reservada a otros niveles de gobierno, extralimito sus facultades constitucionales en contravención del régimen municipal que consagra la Constitución de Rio Negro”.

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