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Irregularidades en geriátricos de Río Colorado

Un total de 50 multas fueron impuestas a elaboradores de alimentos y por el funcionamiento irregular de establecimientos sanitarios, al tiempo que se produjeron unas 10 clausuras de geriátricos, siete de los cuales deberán responder ante la justicia.

Los últimos operativos de control y fiscalización del Ministerio de Salud indicaron una veintena de sanciones pecuniarias al detectarse alimentos vencidos, mal rotulados y transporte sin habilitación.

Otras 30 multas se corresponden con la falta de autorización para funcionar como establecimiento de salud, indicó a «Río Negro» el subsecretario Provincial de Fiscalización Sanitaria y Salud Ambiental, Gustavo Cantoni.

Las multas rondan entre los 3.000 pesos y 120.000 pesos. Esta última está vinculada a una anomalía registrada en elaboración de alimentos en un lugar no habilitado, por lo que sus responsables sufrieron el decomiso de la mercadería.

Los relevamientos constataron la existencia de una decena de geriátricos que tenían problemas de hacinamiento entre los internados, falta de adecuación edilicia y prestación de servicios en forma deficiente.

Entre las situaciones enviadas a sede judicial figuran una denuncia por venta ilegal de cotorras en San Antonio Oeste que derivaron en seis casos de psitacosis durante el año pasado. Se agregan incumplimientos en geriátricos de Río Colorado, Cipolletti, Viedma, y en un centro elaborador de alimentos en Valle Medio.

Si bien las multas se están cancelando, Cantoni advirtió que en esta nueva etapa de gestión resulta necesario profundizar los castigos. «Había costumbre de cobrar la multa y punto, pero creemos que hace falta que la justicia contemple -y decida- las irregularidades, diciendo qué es lo que corresponde tanto desde el fuero Civil como Penal»; apuntó.

Justificó la insistencia de recurrir a esa instancia interpretando que con alimentos en mal estado «se atenta contra la salud de la población», y en infracciones de geriátricos «hay abandono de persona».

Cantoni consideró importante el trabajo de organizaciones, instituciones públicas -como la Defensoría del Pueblo-, secretaría de Trabajo o gremios, que contribuyen para el esclarecimiento de casos. Aún así estimó como imprescindible la colaboración dado que «no siempre se puede estar en todos lados» ya que funcionan en la provincia 1.200 establecimientos privados de salud y 600 registros de elaboración de alimentos».

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