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La corte suprema le dio la razón a Bosco en la causa de trata de personas

La Corte Suprema de la Nación le dio a través de una solución darle la razón a la jueza penal, Marisa Bosco, sobre que la trata de personas se trata de una causa que debe investigar la justicia federal, tal como lo había expresado en su momento la funcionaria judicial de Choele Choel

Esto llegó no sólo para darle el visto bueno a la magistrada sino además para terminar con un debate con algunos referentes y funcionarios políticos de la provincia, que había criticado la acción de Bosco de elevar la causa a la justicia federal.

En un escrito vía mail se menciona puntualmente “resolvió la Corte Suprema de Justicia de la Nación ( en la causa derivada de la Otoño Uriarte referida a las escuchas telefónicas)  con las firmas de los dres Lorenzetti, Higton de Nolasco, Petracci, Maqueda  y Zafaroni y el dictamen del ex Procurador General de la Nación, Dr. Esteban Righi, coincidiendo con la Dra. Bosco, titular del Juzgado N°.30 de Choele Choel, que existiendo a criterio de la Corte elementos probatorios que permitirían considerar la posible existencia de una situación de trata de personas en la mencionada causa.

La investigación de otros hechos que se les atribuían a miembros de las fuerzas policiales que cumplían funciones en el Valle medio, no podía separarse de la investigación de trata de personas porque todos los hechos habrían tenido estrecha vinculación entre sí, por ello resuelve  (como lo afirmaba la Jueza  Bosco en su momento) que actuará en todos los hechos que se investigan la justicia Federal.

En su momento la ex Defensora del Pueblo,  Ana Piccinini, había cuestionado la decisión de Bosco, indicando en el informe presentado en la legislatura en el año 2010, que no entendía porque la nombrada había tomado esa decisión a su criterio equivocada.

En referencia puntual a las escuchas telefónicas que se mencionan, en ellas se pueden escuchar el diálogo de proxenetas de Choele Choel con policías de la unidad octava de policía de la ciudad, esto derivó en una causa por la presunta vinculación entre  efectivo de la fuerza y personas dedicadas a la explotación sexual de mujeres. En ella se vieron involucrados cuatro uniformados, la mayoría de ellos oficiales y suboficiales.

La investigación nació cuando se trataba de dar con el paradero de la joven Otoño Uriarte que había desaparecido de su casa, luego se descubriría que había sido asesinada.

La causa sobre trata de personas trajo aparejada -además-  una dura interna entre la policía y la jueza, que derivó en que fuese cesanteado de la fuerza el oficial, Gabriel Ormeño, quien era el principal investigador de la magistrada.

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