El ex presidente Fernando de la Rúa será juzgado desde el próximo martes por “cohecho activo agravado”, a raíz del pago de sobornos a senadores durante su Gobierno, para que voten a favor de aprobar una la Ley de Reforma Laboral, un proceso que se prevé durará entre seis y ocho meses. Entre otros, también será juzgado el ex senador rionegrino Remo Costanzo.
Para el juicio han sido convocados 339 testigos, entre ellos la presidenta Cristina Fernández de Kirchner -que pidió declarar por escrito-, quien en aquella época era legisladora y votó en contra del proyecto impulsado por el gobierno de la Alianza.
El Tribunal Oral Federal 3 dará inicio al juicio con la lectura de los requerimientos de elevación de la fiscalía, los querellantes y finalmente del juez federal Daniel Rafecas que instruyó la causa en su tramo final, en una audiencia que se prevé durará unas seis horas, para luego pasar a cuarto intermedio hasta la semana siguiente, cuando está previsto el inicio de las declaraciones indagatorias de los juzgados.
De La Rúa llegará a juicio procesado por “cohecho activo agravado” a raíz de haber presuntamente dado el aval al pago de los sobornos -que la Justicia dio por probado- que se efectuó a senadores opositores en el 2000 para lograr la sanción de la ley de reforma laboral, ya derogada.
Además serán juzgados el ex secretario parlamentario del Senado, Mario Pontaquarto; el ex ministro de Trabajo de la Alianza, Alberto Flamarique; el ex jefe de la SIDE Fernando de Santibañes y los ex senadores Augusto Alasino, Alberto Tell, Remo Constanzo y Ricardo Branda.
Uno de los ausentes del juicio será el ex senador justicialista Emilio Cantarero, mencionado por la prensa como quien confesó lo ocurrido a una periodista, quien fue declarado inimputable por sufrir del mal de Alzheimer. En tanto otro acusado, el ex jefe del bloque radical en la Cámara Alta, el mendocinos José Genoud, se suicidó.
El primero en ser llamado a indagatoria en el inicio del debate en los tribunales federales de Comodoro Py será el arrepentido ex secretario parlamentario Pontaquarto, porque los jueces Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo pretenden reconstruir todo desde el principio, en caso de que el procesado acceda a hablar ante ellos, explicaron a Télam fuentes del tribunal.
En total 17 testigos solicitaron responder por escrito en el juicio, entre ellos la Presidenta de la Nación, el legislador porteño Anibal Ibarra, la embajadora Alicia Castro, el dirigente gremial Victor De Genaro, el gobernador José Luis Gioja, el ex presidente Carlos Menem, y los diputados Héctor Recalde y Jorge Yoma, un privilegio al que pueden acogerse por sus fueros, por lo que el Tribunal irá definiendo esas declaraciones y los cuestionarios a medida que surjan en el juicio elementos de pregunta a cada uno de ellos.
Al momento de la sanción de la ley, la actual Presidenta era senadora y se opuso en la votación a la reforma laboral.
También será testigo el titular de la CGT, Hugo Moyano, a quien se adjudica haber citado al ex ministro Flamarique diciendo “para los senadores tengo la Banelco”, en relación a la votación de la ley que era resistida y exigida por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Un testigo de relevancia será un chofer de la ex SIDE que habría llevado a Pontaquarto en el trayecto de búsqueda del dinero para los sobornos.
También está citado el ex vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez, quien renunció al gobierno de la Alianza cuando comenzó a destaparse el escándalo de los sobornos, en octubre de 2000.
En el listado se incluyó también a dirigentes gremiales como Armando Cavalieri y a ex funcionarios de la Alianza como el ex ministro del Interior, Federico Storani, al ex jefe de Gabinete Rodolfo Terragno y el ex secretario privado de la Presidencia, Leonardo Aiello, entre muchos otros.
El juicio estaba previsto para noviembre pasado pero se suspendió a horas del comienzo debido a un inconveniente con la defensa de Pontaquarto, quien en el interín fue condenado a dos años y un mes de prisión por omitir declarar viáticos en el Senado.
Esta será la primera vez en que un ex primer mandatario argentino será juzgado por un hecho de soborno, ya que el antecedente conocido es el juicio oral al que se sometió al ex presidente Carlos Menem, pero por contrabando de armas a Croacia y Ecuador, en el que resultó absuelto.
Según la causa judicial, la SIDE entregó cinco millones de pesos para repartir a senadores del bloque justicialista por su voto favorable a la sanción de la ley, dinero que habría manejado Pontaquarto en persona, guardado en su casa y luego llevado a la de Cantarero para el reparto.
El escándalo salió a la luz a raíz de un anónimo que circuló en el Congreso, el cual se cree fue confirmado por Cantarero y finalmente ratificado ante la Justicia por el ex secretario parlamentario Pontaquarto tres años después.
De la Rúa quedó implicado y fue procesado a raíz de darse por probado que hubo una reunión previa en la Casa de Gobierno donde se lo había informado de la intención de realizar un hecho ilegal para lograr la aprobación de la ley y el entonces presidente habría dicho “eso arréglenlo con De Santibañes”.
Los acusados llegan al juicio procesados por “cohecho” activo -los funcionarios- y “cohecho” pasivo -los senadores-, a raíz del supuesto pago a senadores de 4.300.000 pesos el 26 de abril de 2000 en la casa del entonces senador Cantarero, tras finalizar la sesión donde se votó la ley de Reforma Laboral.
Según la acusación del fiscal federal Federico Delgado, que instruyó el caso, resultó creíble lo referido por el ex secretario parlamentario Pontaquarto, quien confesó haber llevado las valijas con el dinero desde la SIDE, por ese entonces a cargo de De Santibáñes hasta el Congreso Nacional.
El “cohecho activo agravado y malversación de caudales públicos”, delito por el que quedó procesado De la Rúa, prevee penas de hasta diez años de prisión.
De la Rúa fue incorporado a juicio después de muchos pasos judiciales, por decisión del juez federal Rafecas, quien encontró pruebas para entender que sabía de lo ocurrido y dio su aval para que sucediera.