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El discurso de revisión

Buscar el equilibrio entre el compromiso asumido de revisar lo actuado y el de gobernar. Esa ponderación sabe fugarse del oficialismo.

Tal antagonismo es viejo en Río Negro pero se actualizó cuando el gobernador Alberto Weretilneck llamó a «no perder la memoria para saber adónde vamos». Lo hizo después de que Miguel Pichetto instara a los funcionarios a «dejar de mirar para atrás». El cruce fue público cuando asumió la conducción del PJ.

Ese núcleo de poder transparentó la histórica disyuntiva. Hoy equivale al ímpetu entre hurgar en lo perpetrado por el radicalismo y el contrato ciudadano otorgado para gobernar.

El senador nunca profesó la práctica de Carlos Soria de centrar su exhibición en la acusación. Un andar que favoreció el año pasado al roquense ante un electorado harto. Ya en el gobierno, Pichetto renueva aquella reprobación con flamantes argumentos: un trajín revisionista –con «odio y resentimiento»– aparta al gobierno de su gestión provincial.

Frente a Pichetto, y en un auditorio ajeno, Weretilneck contrarrestó para el sostenimiento de la memoria activa. No habló tanto por él. Instaló el equilibrio interno. Recogió el pensar de los guardianes duros del legado del gobernador muerto, especialmente el de su hijo, el intendente Martín Soria, y el del vicegobernador Carlos Peralta.

Palabras cruzadas, pero ¿qué hizo este gobierno realmente con el libre acceso a los históricos antros del manejo de los fondos públicos por parte del radicalismo?

A 106 días de la asunción, el resultado parece exiguo. Sólo hay excepciones a partir de ampliaciones. El ex ministro Luis Bardeggia profundizó desde Producción su pesquisa por las tierras fiscales y documentaciones nuevas derivaron en recientes imputaciones penales a ex funcionarios, incluyendo al ex gobernador Miguel Saiz. Y el ministro Marcelo Mango tornó un dictamen del Tribunal de Cuentas en denuncia penal por irregularidades en obras escolares.

En cambio, hay llamativas omisiones que se acentúan más cuando emergen inconsistentes y pobres denuncias supletorias que, además, aún no llegaron a los estrados judiciales.

El radicalismo transformó las sociedades públicas en covachas sectoriales y de oscuros manejos de los recursos públicos.

El gobernador lo expuso en la Legislatura. Aseguró que en el 2011 el Estado transfirió 119 millones a «las empresas creadas para ser más eficientes» y que «todas dieron pérdidas» en el último ejercicio, llegando al «escándalo» de Horizonte. Se trató –agregó sobre la aseguradora– de una «corrupción sistemática» y una «herramienta fundamental de la campaña electoral del radicalismo».

Aun así, esa sociedad –que perpetúa una declarada auditoría– sólo consignó abusos en la utilización de automóviles y de contratos de servicios. Se reveló una operación de «lavado de dinero» a partir de transferencias al exterior de reaseguros y que un inmueble de Horizonte, después de una intermediación, se transformó en propiedad de Fernando Grandoso cuando aún presidía la aseguradora. Allí mismo, más allá de la declamada incompatibilidad, no se ahondó en los negocios de la empresa pública con la prestadora que adquirió inicialmente el departamento. Queda por hurgar importantes convenios, como también siniestros abonados y juicios acordados.

Weretilneck lo adelantó con una grave acusación: «Existían políticas de no pagar los siniestros… sólo para que los abogados de Horizonte se hagan ricos, con 450 juicios». Semejante aseveración no puede quedar en una exposición legislativa. Por ahora es así. El mandatario tiene mayores expectativas con la presidencia de Leandro Gómez y, para eso, exhibirá su firme respaldo cuando lo ponga en funciones en un acto convocado para el viernes.

En enero, las flamantes conducciones del Tren Patagónico y de Altec hablaron de irregularidades por sobreprecios y, entre otras, por pagos especiales de los directores. Todo quedó en la superficie. Con Viarse sí se llegó a la Justicia, por un asado proselitista de 8.000 pesos y una impresión similar por algo más de 260.000 pesos. Tendrán que indagar más, por ejemplo, en los convenios de obras y de mantenimiento.

El mandamás del Ipross, Fabián Zgaib, pronosticó presentaciones judiciales por anomalías en las prestaciones. Nadie duda de su existencia, salvo que nada se ha formalizado. En aquellos días de enero Zgaib describió además un cuadro incierto por un pasivo de 120 millones, con promesa de verificación. El Ipross logró sostener sus prestaciones pero, a cambio, en enero y febrero desembolsó cerca de 50 millones de pesos a los privados. Parece repetirse aquella vieja decisión que protege el statu quo con el único móvil de mantener el servicio.

Habría más ejemplos. Nada se sabe de lo hallado en Obras Públicas ni en Hidrocarburos, otras dos áreas emblemáticas en sospechas. Sólo queda el vaticinio de Weretilneck en la Legislatura: «Habrá en cualquier momento imputaciones porque deliberadamente se generaron esquemas de corrupción alrededor del petróleo y el gas».

El debate no puede reducirse a una simplificación dialéctica: mirar para adelante o tener memoria. La obligación del repaso requiere una mirada real y ponderada, sin fachadas. Sólo así será valorada y creíble. El FpV llegó al gobierno también con ese compromiso. Hay que recordar que la Justicia ya evalúa una treintena de expedientes con acusaciones delictivas contra las gestiones radicales.

Sus mayores dislates no se resolvieron, por lo cual sorprende el desparpajo de flamantes ex funcionarios que reaparecen para fustigar a la administración actual. Esa dirigencia radical que no logró reunirse para evaluar los motivos de su derrumbe y las posibilidades de su recuperación. Ante esa incapacidad interna, es ilusorio pedirle a esta oposición un desafío más útil.

Petróleo y finanzas fueron asuntos centrales de la charla de Weretilneck con la presidenta Cristina Fernández. El gobernador –secundado por el senador Pichetto– requirió una ayuda mensual de 25 millones en el resto del 2012. Ese número está en discusión, pero Weretilneck confió en el cálculo de su ministro Alejandro Palmieri.

«Ese déficit de 25 millones es irreal porque no se paga», lo contradice otro hombre del gabinete. Real o ficticio, ese monto fue volcado a la mandataria. Prometió el apoyo pero insistió en profundizar las reformas estatales.

Ya hay razones para agradecerle. Los registros indican que la Nación envió 170 millones a Río Negro entre diciembre y el primer bimestre. El año pasado rondó los 14 millones.

La cuestión petrolera también fue evaluada. Fernández aceptó que el debate es oportuno y óptimo para Río Negro al coincidir con la conclusión de varios contratos, incluyendo cinco áreas por vencer de YPF. Dos –Los Caldenes y Barranco de los Loros– son casi inexistentes porque no están explotadas. Esos yacimientos serán estatizados porque Río Negro –como Chubut y Santa Cruz– los ofrendará como cuadro escénico a Nación. La restante política petrolera se develará en un cercano porvenir, a partir del 12 de abril, cuando Weretilneck se reúna con las petroleras.

Trabajar ese futuro y desandar el pasado es el mayor duelo de Weretilneck, que se autoasignó una segunda etapa –que se extenderá hasta junio o julio– y renovó –por ahora– la creencia en sus ministros. Allí debe imponer pericia y sentido común. Ocurrió el jueves cuando recayó en la reunión de gabinete un proyecto de decreto alentado por el fiscal de Estado, Pablo Bergonzi, y que fija un reconocimiento para el combustible de los funcionarios que no son de Viedma. Esta iniciativa quedó desarticulada después de un contrapunto con el secretario general Julián Goinhex. No se avanzó, pero el riesgo radica en que esas ideas se transformen en decisión y acción gubernamental.

ADRIÁN PECOLLO adrianpecollo@rionegro.com.ar

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