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Redes de Mujeres de la Provincia acompañan el pedido de justicia de Carolina

(NOTI-RIO) Redes de Mujeres de la Provincia acompañan el pedido de justicia y reclaman por acciones positivas tendientes a transitar un cambio cultural que permita a las mujeres y niñas vivir una vida libre de violencias.

No caben  dudas, la violencia hacia las mujeres está institucionalizada en la sociedad, en todas las áreas y sectores. En el caso de la violencia hacia la mujer en el seno de la familia son múltiples los casos, pero estos son los más difíciles de denunciar. Denunciar a nuestro propio padre, tío, abuelo no es tarea fácil cuando se juegan todo nuestros procesos identificatorios.

Carolina fue abusada y violada por su padre Héctor Leguizamón durante años, también su hermana, sin embargo cuando esto sucedía era menor y no tenía las herramientas para defenderse y menos para acusar a su padre. Pasan los años y ante la confirmación que le sucede exactamente lo mismo a su sobrina, no duda ya con toda la frustración de tantos años de declarar y denunciar todo ese dolor que su propio padre le inculcó.

Pero Carolina se encuentra con la negativa ante la denuncia, la impotencia, el horror se multiplica y nos preguntamos ¿Hasta cuándo vamos a tolerar las mujeres la impunidad, tanto de los que ejercen la violencia hacia nosotras como la de las instituciones que se atribuyen con el poder de silenciar, acallar y hasta la pretensión de borrar los horrores?

Una vez más decimos, que los derechos de las mujeres son derechos humanos. La violencia contra las mujeres es la violación de los derechos humanos más habitual y que afecta a mayor número de personas. En la familia o en la  comunidad, la violencia contra las mujeres es la violación de los derechos humanos más oculta e impune. No sabe de culturas, de clases sociales, ni etnias. Su raíz es única, la discriminación que sufren las mujeres por el solo hecho de ser mujer.

Repudiamos el obrar del fiscal que omite su acción ante la denuncia de Carolina. Recordamos que hace un año,  la Cámara de Diputados aprobó  la llamada “Ley Piazza”, que amplía los plazos de prescripción de los delitos que afecten la integridad sexual de los menores de edad. En adelante, la prescripción, que coincide con el monto de la pena prevista (entre 6 meses y 20 años, según el caso), regirá desde que el o la menor cumple los 18 años.

La modificación establece que, cuando la víctima de delitos contra la integridad sexual fuera un menor, la prescripción de la acción penal comenzará a correr a partir de la 0 hora del día en que adquiera la mayoría de edad.  La ley busca evitar lo que suele ocurrirles a muchas víctimas, quienes al alcanzar la mayoría de edad o la madurez personal necesaria para accionar se enfrentan, muchas veces, a una acción penal prescripta.

Carolina tiene 29 años y hubo otra víctima menor, de modo que no se puede afirmar que la acción penal prescribió.

Pedimos y exigimos el compromiso total de las instituciones en este caso de los tribunales de Choele Choele para llevar adelante este caso sin dilaciones, amparadas en legislación provincial, nacional e internacional. También, la urgencia de profundizar la perspectiva de género en la justicia y en todos los rincones el Estado.

 Red Las Unas y las Otras, Bariloche

Red de Género de General Roca

Red Interinstitucional contra la Violencia de Género de Viedma

 

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