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Revés en Nueva York por el litigio por YPF: los otros millonarios frentes judiciales de la Argentina

La Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó el traslado de jurisdicción del juicio por la estatización de YPF e inmediatamente los representantes del Poder Ejecutivo, el Procurador del Tesoro, Bernardo Frías Saravia, y el director de la petrolera, Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, pidieron que el juicio arranque cuanto antes.

La resolución del máximo tribunal estadounidense ratifica el fallo del año pasado, en el cual la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EE UU permitió a Petersen Energía Inversora SAU, una subsidiaria de Grupo Petersen que era propietaria del 25% de YPF, seguir adelante con sus 

reclamos de incumplimiento de ley y permitió que el caso procediera bajo la excepción de «actividad comercial» del Foreign Sovereign Immunities Act de 1976 (FSIA). 

Fuentes del Gobierno nacional, tras conocerse el fallo explicaron a Telam que «ahora el caso vuelve a manos de la juez neoyorquina Loretta Preska, quien deberá pedir medidas de prueba a las partes y decidir los términos y el alcance del juicio, lo que se conoce como «discovery».

La estrategia nacional podría tener hoy su primera respuesta en busca de acelerar el proceso, confiados en que se podrán presentar argumentos «técnicos y políticos muy sólidos».

Otros casos

Pero detrás de este nuevo caso hay una estadística que preocupa. El costo de los litigios perdidos por el Estado en las cortes internacionales en los últimos seis años ya asciende a más de US$ 17.000 millones. Si se tiene en cuenta los que están en curso, la cifra asciende a los US$ 21.000 millones, número que se obtiene de un informe que elaboró la consultora FinGurú al que tuvo acceso BigBang.

¿A qué equivale eso? Para graficar, y entender el monto, representa casi 1/3 de las reservas en dólares que tiene el Banco Central o casi la mitad del préstamo que le otorgó al país el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Pero, ¿cómo es que el Estado tiene que pagar esos montos? ¿Por qué se generan estos juicios?  Luego de la crisis del 2001 y la salida de la convertibilidad la mayoría de las empresas privatizadas comenzaron a prestar un servicio lejos del que se había acordado. Las concesiones se terminaron de forma abrupta por los malos servicios que las empresas prestaban que en muchos casos no se hicieron como sostenía la ley de privatizaciones sancionada durante la presidencia de Carlos Menem. Las nacionalizaciones sucedieron durante los mandatos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, y por ende los juicios empezaron cerca de 2012.

Desde los US$ 5.800 millones que se pagaron por la compra de las acciones de Repsol de YPF, se sumaron luego tres fallos del CIADI por diferentes concesiones por casi US$ 1.800 millones, el pago a los holdouts por US$ 9.300 millones, y el último fue un fallo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional por US$ 239 millones.

¿Qué queda pendiente? Además del mencionado caso de YPF, todavía resta que se defina la cuestión relacionada al cupón del PBI, que se pagó menos de lo que se debía debido a que las cifras del INDEC estuvieron adulteradas entre 2006 y 2015; 78 casos extra similares a lo de los holdouts por desobedecer los fallos que obligaban a pagar en 2014, y otros 25 casos relacionados con los fines de las concesiones. En los últimos meses también ingresaron juicios relacionados con las estatizaciones de las AFJP que también tiene como argumento central la mencionada ley.

A esas cifras también se podrían sumarle los acuerdos por bonos, salvo los denominados holdouts que sí son contados, como sucedió con el Club de París por el cual se terminó de pagar la última cuota recientemente; la negociación total fue por US$ 9.600 millones.

La ley de privatizaciones estableció que cuando el Estado quisiera rehacerse del control de las empresas que se concesionan, ya sean de servicios públicos como autopistas, deberá hacer una oferta pública por la totalidad del paquete accionario y no sólo por una parte.

Entonces el Gobierno decidió cortar con esos contratos de forma inmediata. ¿Y por qué se llegan a los juicios entonces? Porque tanto para las concesiones, como para las colocaciones de deuda, Argentina establece que la jurisdicción para cualquier tipo de reclamo judicial son los tribunales de los Estados Unidos y puntualmente los de Nueva York.

Esto último se quiso cambiar después del revés de la Corte Suprema de ese país en 2014 con el caso de los fondos buitres, pero sólo duró poco más de una año debido a la negativa en los mercados de tomar deuda argentina con una jurisdicción de litigio en el mismo país.

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