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Río Negro requiere cumplir condiciones específicas para debatir Portezuelo del Viento

Río Negro planteó tres condiciones para comenzar a considerar el acompañamiento al proyecto de la represa de Portezuelo del Viento en Mendoza, sobre el río Colorado.

La Provincia requiere la realización de un Estudio de Impacto Ambiental de toda la cuenca del río Colorado, realizado por una universidad pública; la realización de una Audiencia Pública Nacional con la participación de los pueblos originarios; y la ampliación del poder de policía del Comité Interjurisdiccional del río Colorado (COIRCO). Sobre este último punto, Río Negro plantea la necesidad que el COIRCO tenga poder sancionatorio respecto de las provincias, y sea el encargado del manejo de la represa.

La postura rionegrina fue adelantada días atrás por la gobernadora Arabela Carreras, a su par mendocino, Rodolfo Suárez.

“No nos oponemos a las represas, que tienen una gran función como reguladoras del recurso, y un ejemplo claro de ello es Casa de Piedra sobre el propio río Colorado. Pero nos preocupa la emergencia hídrica de la cuenca y por ello esperamos tener todas las herramientas necesarias para el análisis sobre Portezuelo”, indicó la Gobernadora.

“Río Negro pide que se cumpla con un Estudio de Impacto Ambiental que incluya una llamado a Audiencia Pública, como lo determina la legislación. Y sostenemos que ese estudio debe ser aprobado por una autoridad competente, que entendemos es el Ministerio de Ambiente de Nación”, explicó Arabela.

Detalló que actualmente existen dos estudios, uno que hizo Mendoza sobre la obra propiamente dicha y otro que elaboró el COIRCO sobre el impacto regional d esta obra, que no está aprobado y además tiene objeciones de La Pampa.

“Planteamos un estudio integrador, que tome estos antecedentes y que sea elevado a Ambiente de Nación para su aprobación. Pero siempre uno de los requisitos que establecemos es el llamado Audiencia Pública”, insistió la Gobernadora.

Respecto al pedido de ampliación de facultades de COIRCO, señaló que “debe tener poder sancionatorio ante el posible incumplimiento de alguna norma por parte de una de las jurisdicciones que lo integran”.

“Esa ampliación de facultades necesita la aprobación de las Legislaturas provinciales. Por ahora, la única provincia que no lo aprobó fue Mendoza”, explicó.

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