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Detalles de la reforma judicial que presentará el Gobierno

Guardada bajo siete llaves hasta su presentación en sociedad, el Gobierno alista una reforma judicial “corta”, como se la denomina en despachos oficiales, a la primera etapa. El corazón de la modificación que será enviada al Senado que pudo corroborar Ámbito y para la que se convocó el miércoles a las 16 a los jefes de bancada de todos los partidos es la fusión entre el fuero Criminal y Correccional Federal de Comodoro Py y el fuero Penal Económico. A su vez, habrá un desdoblamiento de las dos secretarías hoy bajo la órbita de cada juzgado, lo que resultará en que cada juez se quede sólo con una, en espejo con los nuevos. Significa una multiplicación significativa de vacantes a ser cubiertas: los 12 juzgados de Comodoro Py se convertirán en 24, y los 11 de penal económico serán 22, para totalizar 46 juzgado del nuevo megafuero federal. La fusión se complementa con la unificación de Salas de Cámara de Apelaciones y de Tribunales Orales. El proyecto que primó para el presidente Alberto Fernández fue anticipado por Ámbito el 10 de marzo pasado, cuando emergió como contracara del Plan Beliz, que proponía una mezcla con la justicia penal “ordinaria” con asiento en la Capital Federal.

La Cámara de Apelaciones de penal económico tiene otras dos salas, a fusionarse con las dos de Comodoro Py y cuatro tribunales de juicio, que se agregan a los ocho existentes para modificar la fisonomía actual de la justicia federal. Se compartiría así la facultad para investigar contrabando, hoy una de las especialidades del fuero penal económico ubicado en el edificio de Inmigrantes. Es la letra del último borrador que se presentará y cuyos detalles de forma se están ultimando. No será incluido en este paquete la idea de fusionar el poderoso fuero Contencioso Administrativo Federal –garante de gobernabilidad- con el Civil y Comercial Federal, uno de los anuncios presidenciales respecto a las reformas.

El pack de proyectos de reforma judicial incluye la transferencia completa de competencias penales a la Ciudad de Buenos Aires, con un lapso límite determinado, no mayor a los dos años. Esto implicará que la justicia nacional en lo criminal y correccional deberá deprenderse paulatinamente de robos, hurtos y homicidios, y pasará a ser una suerte de justicia de “transición” o “residual”, manteniendo las causas a su cargo por el período que demande su tramitación. En el medio, el Gobierno tendrá que decidir si reenvía al Senado varios de los pliegos que presentó la administración de Mauricio Macri y que corresponden al fuero penal “ordinario”, tribunales que con esta reforma serán, a la vez, vaciados de competencias. Incluso el Consejo de la Magistratura tiene abiertos concursos para varias de las vacantes existentes. De esta forma, Cámara de Apelaciones, Casación Nacional y los Tribunales Orales en lo Criminal permanecerán hasta que, luego del traspaso, agoten los procesos a su cargo. Incluso, varias de las vacantes cubiertas en primera instancia durante los últimos años se hicieron bajo una adenda que firmaron los aspirantes de que aceptarían pasar voluntariamente a la órbita porteña si se completara el traspaso. No es algo que obture una judicialización, pero la Corte Suprema sembró de guiños a favor de considerar a la Ciudad con autonomía similar a la de una provincia y reconocer al Tribunal Superior de Justicia como la máxima instancia para la justicia que se asiente dentro de los límites de la General Paz. Fiscalías y defensorías podrían amalgamarse con sistema acusatorio a implementar y son interrogante a despejar. Los detalles más finos de redacción se van a pulir hasta minutos antes de la presentación.

El traspaso de competencias planea hacerse también con fondos, uno de los reclamos de Horacio Rodríguez Larreta para absorber el volumen de delitos y el costo de su manutención. Pero el presupuesto que prevén destinar desde la administración central –siempre eje de la demora en el avance de las transferencias- será sólo una porción de lo calculado como costo total, lo que no aleja el peligro de la advertencia de Rodríguez Larreta para eventualmente judicializar el envío de recursos junto a las competencias. Para las negociaciones subterráneas, Fernández piensa utilizar como carta ganadora las quejas de los gobernadores por tener que compartir los costos de mantenimiento de la justicia nacional. Larreta ya estuvo sondeando en diversos estamentos judiciales sus chances de éxito ante un planteo por los fondos. Una vez consumada, liberará a su espada ante la Corte Suprema, el secretario de Seguridad Marcelo D´Alessandro. Sin embargo y más allá de la discusión política, nada quita que el debate por el proyecto –especialmente en lo referido al traspaso- tenga el veto anticipado de la Asociación de Magistrados y de los gremios judiciales.

El anuncio y los lineamientos generales del proyecto de ley serán anunciados, a las 16, en la Casa Rosada por el jefe de Estado, junto a la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y legisladores nacionales invitados especialmente para asistir de manera remota.

La reforma tenía fecha de presentación para el lunes pasado pero el trabajo sobre el diseño legislativo de la propuesta, realizado por el mismo Fernández y Losardo, junto a el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, reprogramó el acto oficial para mañana.

Fernández explicará las líneas centrales del anuncio, con el listado de los once miembros del Consejo Consultivo ya difundido: Carlos Alberto Beraldi, Inés Weinberg de Roca, Enrique Bacigalupo, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra, León Arslanian, Marisa Herrera, Hilda Kogan, Claudia Sbdar, María del Carmen Battainiy Omar Palermo.

Los once juristas, especializados en distintas ramas del Derecho, asesorarán al Presidente en aspectos claves del servicio judicial, como la composición de la Corte Suprema, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura o la implementación del sistema acusatorio, entre otros temas.

La reforma, -que, todo indica, podría ser enviada esta semana por el Ejecutivo al Congreso para ser debatida- tiene por principal objetivo mejorar el fuero federal, fusionando los doce juzgados criminales con los once de penal económico y duplicando su número para dinamizar esta área judicial que se ocupa de los delitos complejos como narcotráfico, trata y corrupción, entre otros.

La Justicia Federal, uno de los centros de la reforma.La Justicia Federal, uno de los centros de la reforma.
Uno de los asesores elegidos por el mandatario, el constitucionalista Gil Domínguez, hizo declaraciones públicas sobre la convocatoria y destacó que el cuerpo que lo tiene entre sus miembros, es «de una integración que sostiene la paridad de género, el federalismo y el equilibrio entre las especialidades».

En esa línea, señaló que tuvo una charla con el Presidente, en la que Fernández le «garantizó» que el funcionamiento de esa comisión «va a estar centrado en el debate y la deliberación, y en el pluralismo, con el juego de mayorías y minorías».

La iniciativa del Gobierno cuenta con un amplio consenso en la sociedad, según una encuesta de la consultora «Analogías», que midió el grado de aprobación a la reforma judicial y difundió que un 77 por ciento de los encuestados la considera «necesaria» y que solo un 16 por ciento la rechaza.

Mañana, Fernández señalará, según fuentes oficiales, la oportunidad para poner en funcionamiento el sistema de juicio por jurados, consagrado en la Constitución desde 1853, y que consiste en un tribunal popular, normalmente integrado por una docena de ciudadanos, que determina en base a las pruebas recogidas si el acusado es culpable o inocente, en tanto el juez dispone la pena.

También señalará el Presidente como uno de los pilares de la propuesta oficial que se implemente el sistema acusatorio, aprobado ya en el Congreso, que otorga un mayor protagonismo al fiscal en los procesos penales, mientras que el juez funciona como garante del proceso.

El secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, invitó a la presentación a los legisladores de la oposición pero fuentes del interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) anticiparon que es probable que rechacen la invitación por el desacuerdo entre sus filas a una hipotética ampliación de la Corte Suprema.

De hecho, y aún cuando todavía no se conocen los detalles del proyecto que presentará formalmente mañana el Presidente, la conducción de JxC y sus bloques parlamentarios expresaron esta tarde su oposición a la reforma judicial que impulsa el Gobierno.

La posición de la principal fuerza opositora fue difundida a través de un comunicado, en el que además anticiparon que no aportarán los dos tercios necesarios en el Senado para una eventual sesión sobre la ampliación del número de integrantes del máximo tribunal.

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