Portezuelo: piden informes a Nación tras la estatización de IMPSA

En el marco de la polémica por la futura construcción de la represa mendocina, y sus consecuencias sobre el causal del río Colorado, el diputado nacional pampeano duda -entre otras cosas- de la “imparcialidad” del Estado Nacional para decir sobre la obra.

El diputado nacional pampeano Martín Berhongaray (UCR) presentó un proyecto de ley en el Congreso de la Nación mediante el cual marca una serie de inquietudes dirigidas al propio presidente Alberto Fernández relacionadas con la cuestionada represa hidroeléctrica Portezuelo del Viento y la reciente estatización de IMPSA, única oferente para realizar esa polémica obra en Mendoza.

En el escrito, Berhongaray planteó cuatro puntos:

1 – Cuáles son las providencias adoptadas para garantizar la imparcialidad del Poder Ejecutivo nacional a la hora de resolver en definitiva acerca de la existencia de las condiciones ambientales indispensables para la adjudicación de la obra hidroeléctrica de Portezuelo del Viento al único oferente (Sinohydro Corporation, IMPSA, CEOSA y Obras Andinas UTE), respecto de la cual el Estado Nacional integra en condición de accionista mayoritario de IMPSA (Industrias Metalúrgícas Pescarmona Sociedad Anónima).

2 – Si se ha considerado la posibilidad, en atención a la calidad de socio mayoritario que el Estado Nacional ha asumido en IMPSA, de determinar el retiro de esa empresa del consorcio oferente de Portezuelo del Viento, a fin de mantener la imparcialidad necesaria al Poder Ejecutivo para arbitrar eventuales conflictos interprovinciales.

3 – Si se ha tenido en cuenta que, como consecuencia del papel asumido por Mendoza en la empresa de la que el Estado Nacional ha devenido socio mayoritario, dicha provincia ha pasado a ser, de modo simultáneo con la calidad de controlante de la obra hidráulica, si ésta finalmente se materializa, parte del consorcio controlado.

4 – Si el Poder Ejecutivo nacional ha tomado conocimiento de las presunciones planteadas acerca de la existencia de sobreprecios en la oferta económica relacionada con la construcción de la represa de Portezuelo del Viento, y si ha adoptado providencias acerca de esa situación.

En el mismo pedido de informes Berhongaray subrayó: “es sabido que con la adquisición de prácticamente las dos terceras partes (63,7%) del capital accionario de Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima (IMPSA), en sociedad –además- con la provincia de Mendoza, que ha adquirido más de una quinta parte adicional (21,2%), el Estado Nacional se ha transformado en integrante del consorcio adjudicatario –virtualmente, pues es el único oferente- de la licitación de la represa hidroeléctrica multipropósito de Portezuelo del Viento, pieza central del sistema hídrico del Río Colorado”.

“Ha perdido, así, la imparcialidad indispensable para decidir acerca de la realización final de esa obra, e incluso para definir a propósito de la realización de un estudio integral de su impacto ambiental, que ha sido requerido por cuatro de las cinco provincias ribereñas de ese sistema”, aseveró.

También recordó que “como es de público conocimiento, la anterior administración -a la cual la provincia de La Pampa dirigió un pedido de arbitraje presidencial- había archivado ese pedido, resolución que fue dejada sin efecto por la actual administración, que dispuso la discusión de ese impacto en el ámbito del Consejo de Gobierno del Comité de Cuenca del Río Colorado, que preside el Ministro del Interior. De resultas de esa discusión, se resolvió el estudio aludido en el párrafo precedente”.

“Su nueva condición de socio mayoritario –en sociedad con la única provincia interesada en la represa, que además se opone a la realización del mencionado estudio- de una empresa que integra el consorcio presumiblemente adjudicatario confiere al Estado Nacional, interés patrimonial directo en la ejecución del emprendimiento. Por añadidura, el origen de los fondos con que la provincia de Mendoza paga la parte de contado de esa adquisición es un Adelanto del Estado Nacional (ATN)”, señaló.

Y advirtió que “en tales condiciones, no es razonable presumir que la protección ambiental requerida sea defendida adecuadamente por las autoridades nacionales bajo cuya responsabilidad se encuentra esa defensa”.

En otra parte del escrito, el diputado nacional pampeano apuntó que “debe, pues, requerirse del Poder Ejecutivo la información necesaria para determinar si la decisión de capitalizar a la empresa mencionada, y apoyar financieramente a la provincia de Mendoza para que haga otro tanto, con el propósito de mantener activa una industria estratégica en materia tecnológica, tuvo en cuenta la condición de virtual adjudicatario de la obra antes referida, y la eventual colisión con el carácter de garante de la protección ambiental que la Constitución le asigna”.

“Por su parte -continuó- el consorcio oferente integrado por IMPSA está envuelto en estas semanas en un conjunto de interrogantes planteados por la prensa especializada, resultante de los por demás elevados precios que ostentan sus propuestas económicas presentadas en el marco del proceso licitatorio de la obra, los que superarían holgadamente el presupuesto oficial de ésta”.

“Esa situación habría sido advertida por las autoridades de la provincia de Mendoza, la que requirió formalmente al oferente una mejora de la oferta, y estableció asimismo que esa deberá contener un análisis o fundamentación pormenorizada de la nueva propuesta”, concluyó.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *