Río Negro: empiezan las imputaciones por las causas de Techo Digno

Las primeras audiencias de imputación penal a ex intendentes del Frente de Todos por el manejo de los fondos federales de Techo Digno serán la semana próxima y, en respuesta, los denunciados reaccionaron, calificando que se trata del “lawfare rionegrino”. Figuran, entre los investigados, el diputado nacional Pedro Dantas y los legisladores María Martini, Alejandra Mas y Daniel Belloso. El primero fue jefe comunal de Campo Grande y los tres restantes lo fueron de Bariloche, de Conesa y de Choele Choel. También, se expresaron el hoy intendente de Godoy, Luis Ivancich y el ex mandatario de Cervantes, Gilberto Montanaro.

Los seis involucrados -que serán imputados por la utilización de recursos federales en planes federales en sus municipios- firmaron un comunicado, titulado “Techo Digno: un emblema del lawfare rionegrino” y entiende que la “persecución judicial a dirigentes políticos continúa en Río Negro”.

Confirman que las audiencias se inician “próxima semana inicia” y lo definen como “un nuevo capítulo del lawfare que el macrismo implementó en la Argentina y que continúa en la provincia”. Hablan de “groseras irregularidades” de “algunos fiscales” con “la intención de lastimar el buen nombre y honor de dirigentes políticos y ex intendentes del Frente de Todos”.


Aluden que “desprovistos de objetividad, con una parcialidad manifiesta, sin ética ni pudor alguno” se “hizo trascender a los medios” que formularán cargos en las causas Techo Digno sobre “quienes ejerciendo de pleno sus funciones, comprometidos con la realidad social y, con total respeto a las leyes vigentes, llevaron adelante en sus municipios este programa solidario de viviendas”.

El cuestionamiento se centró en los fiscales “José Chirinos, Julieta Villa, Matías Stiep y Guillermo Lista, junto a la coordinadora, Graciela Echegaray”. Ellos investigaron a los mencionados, como también, otras administraciones que firmaron convenios con Nación.

Estas investigaciones se corresponden al manejo de una decena de municipios de los recursos de Nación en planes habitaciones, entre el 2013 y 2015.

Los ex intendentes hablaron de “dislate judicial” y una recusación ya planteada por las defensas por la “falta de autonomía y pérdida de objetividad”.

Reafirman que pidieron su “inmediato apartamiento” y reclamaron “nuestros casos serán tratados sin parcialidad, con la rigurosidad y la seriedad que hacen a los procedimientos que rige la Ley para poder brindar las respuestas que la sociedad merece”.

Dicen tener la “tranquilidad absoluta de haber actuado de manera legal y legítima, en el ejercicio de nuestros deberes como funcionarios y representantes elegidos por voluntad popular”.

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