El presupuesto 2022 recorta subsidios y prevé un aumento de 30% en tarifas eléctricas

En medio de la tensión política, el Gobierno envió al Congreso el presupuesto 2022 que prevé un recorte de subsidios que podría traducirse en un aumento del 30% en tarifas eléctricas, un factor que acentuó las diferencias en el seno del Poder Ejecutivo.

En la carta pública que la vicepresidenta Cristina Kirchner difundió, una de las principales críticas está dirigida hacia la decisión de la administración de Alberto Fernández de hacer eje en el equilibrio fiscal y no en la ayuda social.

A la hora de evaluar los factores que contribuyeron a la derrota electoral del domingo, la vicepresidente hizo foco en la falta de asistencia a los sectores de menores recursos.

En la misiva, la presidenta del Senado advirtió que en diversos encuentros con el jefe de Estado «señaló que creía que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad, y que, indudablemente, esto iba a tener consecuencias electorales».

La crítica categórica de la vicepresidenta hacia la política fiscal impulsada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, fue uno de los factores que desató la crisis política dentro del Gobierno.

Sin embargo, el proyecto ingresado ahora al Congreso sobre el presupuesto 2022 mantiene esa misma orientación, con una baja en los subsidios.

Reducción de medio punto del PBI

Según el proyecto, la partida destinada a servicios económicos en el rubro «energía, combustibles y minería» se reducirá de 2,2% a 1,7% del PBI.

Ese recorte representa una caída en el monto de los subsidios y consecuentemente un incremento en los cuadros tarifarios que será solventado por los usuarios y que podría llegar al 30% en el caso de las eléctricas.

Durante este año, la partida presupuestaria para el sector eléctrico fue de 971.794 millones de pesos y la estimación para 2022 es elevarla a 1.024.718 millones, un 5 por ciento en términos nominales, lo que supone una caída de 0,5 puntos del PBI.

El principal concepto es la partida destinada a la sustentabilidad del mercado eléctrico junto con las transferencias a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) que absorberá 609.197 millones de pesos, casi el 60% del total.

Para cumplir con la carta de Cristina habría que emitir más de $500.000 millones

El “golpe de timón en la estrategia económica” que planteó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Carta que difundió el jueves pasado representaría un aumento del gasto equivalente a 1,3 punto porcentual del Producto Bruto Interno (PIB), que implicaría una emisión de “550.000 millones de pesos extra hasta fin de año”.

La estimación fue presentada por la consultora Invecq en un informe en el que alertó que llevar a cabo ese propósito generaría “desorden cambiario y una aceleración inflacionaria que, partiendo de niveles del orden del 50% podrían poner a la nominalidad de la economía argentina en una senda muy peligrosa”.

“El mercado tiene elementos para ser optimista y pesimista al mismo tiempo”, señaló, debido a que el resultado de las PASO dejó abierta “la posibilidad, ahora más certera, de la finalización de un gobierno con un fuerte sesgo anti-mercado a partir de 2023”, pero la crisis dentro de la coalición gobernante plantea un “riesgo de radicalización política y económica con mayor inestabilidad macroeconómica”.

La entidad dirigida por Esteban Domecq señaló que el documento difundido por la vicepresidenta “hizo nítidos los motivos de la interna en materia económica” al poner en evidencia “el diagnóstico del ala más dura de la coalición”.

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Ese diagnóstico indicó que “la elección se perdió porque el equipo económico (encabezado por Guzmán) fue muy conservador, gastó y emitió poco, se preocupó más por la consolidación de las cuentas públicas y el arreglo con el FMI que en sostener los ingresos de los trabajadores, jubilados y demás beneficiarios de transferencias estatales”.

“Cristina Kirchner está pidiendo públicamente un golpe de timón en la estrategia económica que implicaría, concretamente y según nuestras proyecciones fiscales, un aumento del gasto público respecto del plan de Guzmán de aproximadamente 1,3 puntos porcentuales del PBI”, aseguró Invecq en su análisis.

La entidad precisó que esa inyección de recursos “equivale a unos 550.000 millones de peos extra hasta fin de año”.

“Además de que es un montón enorme de dinero, lo que vuelve más riesgosa aún a la estrategia es lo concentrado en corto tiempo que sería la inyección de recursos dado que las elecciones definitivas son en exactamente dos meses”, subrayó.

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Pero Invecq remarcó que el reclamo de Cristina Kirchner “no se limita exclusivamente a los meses que quedan hasta la elección definitiva, sino que en otras palabras está exigiendo una revisión completa del presupuesto 2022”.

“Nuevamente la exigencia de la presidente del Senado es abandonar la disciplina fiscal y garantizar las políticas de demanda necesarias para mejorar los ingresos de los individuos”, consideró, al tiempo que advirtió que “seguramente influenciada por sus asesores económicos, lo que no se tiene en cuenta es que aumentar los ingresos nominales de las personas no implica que se incrementen en términos reales”.

Por el contrario, la consultora evaluó que “es más probable que la inyección fiscal y monetaria” propuesta por la vicepresidenta “genere un desorden cambiario y una aceleración inflacionaria que, partiendo de niveles del orden del 50% podrían poner a la nominalidad de la economía argentina en una senda muy peligrosa”.

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