La legislatura rionegrina sancionó en la sesión de hoy, distintas leyes en la que se destaca la adhesión al Programa Nacional de Cuidado Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer, con el objetivo de reducir la morbimortalidad por cáncer en niños, niñas y adolescentes y garantizarle sus derechos.
Por otra parte, la legislatura sancionó la ley que adhiere en todos sus términos a la ley nacional nº 27678 de Cuidados Paliativos, que tiene por objeto asegurar el acceso de los pacientes a las prestaciones integrales sobre cuidados paliativos en sus distintas modalidades, en el ámbito público, privado y de la seguridad social y el acompañamiento a sus familias.
También, se sancionó la ley que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble identificado catastralmente como DC02, C3, Sección * -Unidad Características 530-, Parcela 380.
El destino de la expropiación tiene por objeto destinar el inmueble identificado en el artículo 1º al futuro desarrollo urbano de la localidad de Contralmirante Cordero, la construcción de calles y espacios públicos, la construcción de una planta de reciclado de residuos domiciliarios y la creación de un parque industrial, de acuerdo a lo establecido en la ordenanza municipal.
Además, sancionaron la ley que establece como fecha de refundación de la localidad de Aguada de Guerra, el día 24 de noviembre de 1920, fecha de asentamiento permanente de sus primeros pobladores en la legua A del lote 103, de acuerdo a lo verificado por la Dirección de Tierras y Colonias de la provincia.
Por último, sancionaron la ley que establece como Capital Provincial del Turismo Ferroviario a la localidad de Ingeniero Jacobacci.
Aprueban reformas para la actividad minera
La Legislatura de Río Negro aprobó hoy en primera vuelta modificaciones del Código de Procedimientos Mineros de Río Negro, reformas en la ley de creación del Consejo Provincial de Evaluación Ambiental Minera (Co.P.E.A.M.) y en la ley de Regalías Mineras. Los tres proyectos fueron tratados en forma conjunta y aprobados por mayoría, con 33 votos a favor y 11 en contra.
Lucas Pica fue el miembro informante del proyecto impulsado por el bloque Juntos Somos Río Negro. “Creemos en una mirada desarrollista, productivista, que tiene que ver con el desarrollo sustentable de nuestra provincia, que genera progreso y empleo de calidad”, fundamentó.
“Juntos Somos Río Negro ha entendido que la construcción de la licencia social es crucial a la hora de hablar de progreso, de este tipo de proyectos de envergadura que buscan cambiar para siempre la matriz productiva de las zonas en donde se han de desarrollar”, indicó.
Remarcó que la actividad minera tiene que ser sostenible, responsable y tiene que contar con licencia social. Señaló que Río Negro debe tener un procedimiento minero acorde a los tiempos que corren, que acompañe el desarrollo de las comunidades, que al mismo tiempo cuente con modernización administrativa, con transparencia y acceso a la información, desde que nace hasta cuando está en marcha.
“Para nosotros, fiscalizar y otorgar potencia a la autoridad de contralor es tan importante como los proyectos en sí mismos”, aseguró.
Otro de los ejes centrales que marcó Pica tiene que ver con que expresamente se normativice la adaptación a los estándares internacionales que incluyen, entre otras cuestiones, la participación comunitaria. “Creemos fuertemente en la responsabilidad social y ambiental, por eso este código recepta toda la normativa que tiene que ver con el cuidado medioambiental, el cuidado de los procesos y las normas de calidad”, indicó.
Hizo hincapié en que Río Negro toma el convenio 169 de la OIT, que exije la consulta previa, libre e informada a las comunidades originarias. “Somos una de las pocas provincias que,haciéndonos cargo de esta obligación internacional que como nación tenemos, está plasmando en este Código vanguardista y en una resolución de buenas prácticas esta temática”, señaló.
Explicó que otro de los ejes centrales de este Código tiene que ver con terminar con la polución y dispersión normativa, con la incorporación de nuevos capítulos que tienen que ver con demasías, grupos mineros, acopios de materiales, entre otros temas.
Destacó que el Código propuesto transita desde el génesis de un proyecto hasta la finalización, con mucha potencia fiscalizadora y mucha potencia en el poder de policía minera otorgada a la autoridad de aplicación.
También mencionó que se contempló la necesidad de la despapelización del expediente, de la conformación de manera definitiva de la digitalización del expediente.
Además, se crea un capítulo especial con normas de responsabilidad social con buenas prácticas y acercamiento comunitario.
“Entre otras cuestiones, hemos incorporado con algunas readecuaciones procedimentales las guías de tránsito mineral y hemos hecho más ágil, eficaz y potente el procedimiento sumarial, que se suma al expediente digital, donde la autoridad de aplicación tiene un contralor muy fuerte, y entre otras cosas hemos incorporado el recurso de revisión”, explicó Pica.
Otro de los proyectos aprobados plantea una modificación importante en materia de distribución de regalías mineras. El legislador remarcó que el gobierno de Juntos (JSRN) igualó las regiones en esta materia. “Las comisiones de fomentos son el rostro del federalismo rionegrino, y no podríamos sostener este concepto si no las hacemos partícipes, entre otras cuestiones, en la distribución de las regalías mineras”, consideró.
En esta nueva propuesta de distribución de las regalías mineras estamos convocando a la mesa de decisiones y al reparto efectivo de recursos, a las comisiones de fomento. “Nosotros planteamos una nueva redistribución, con un 50 por ciento a rentas generales, un 15 por ciento a los municipios y comisiones de fomento de zona de influencia, un 25 por ciento a un Fondo Fiduciario de Infraestructura, que va devolver en obras a la zona de influencia con los recursos que la zona está otorgando a la provincia, y un 10 por ciento a la autoridad minera”.
Con respecto a las modificaciones del Consejo Provincial de Evaluación Ambiental Minera, explicó que se plantea una autoridad de aplicación colegiada, integrada por la Secretaría de Estado de Energía y la Secretaría de Cambio Climático, que además de los municipios, incluya a las sociedades de fomento. También contempla la participación de ONGs con personería jurídica provincial y un representante de la comunidad originaria.
Soraya Yauhar expresó su acompañamiento a los proyectos repitiendo en su fundamentación que prefería que la recuerdan como “esa legisladora que votó por el desarrollo y la integración de la Región Sur, cuidando el medio ambiente, mirando nuestros recursos y pensando en nuestra gente”.
Luis Noale, del Bloque Unidad Ciudadana, acompañó las iniciativas y coincidió con Yauhar en que con su aprobación se les da las herramientas al Poder Ejecutivo para que se puedan realizar obras que mejoren la calidad de vida de los habitantes de las localidades que están relacionadas con la actividad minera.
Por el bloque del Frente Renovador, Nicolás Rochas expresó el voto positivo del bloque. Aseguró que las iniciativas vienen a eliminar la polución normativa, a consolidar herramientas legales para las nuevas inversiones, que vienen a darle seguridad, y atendiendo también las distintas esferas que requieren estos proyectos, como la cuestión ambiental.
Marcelo Mango (Frente Grande) también acompañó con “preocupaciones centrales” sobre los proyectos. Aseguró que está a dispuesto a discutir modificaciones a los proyectos entre primera y segunda vuelta que le brinden algunas garantías a la provincia con respecto a la consulta previa, libre e informada, a la necesidad de la participación de los municipios, el resguardo de los derechos ambientales y los límites a la extranjerización de las tierras, la minería y los recursos.
Por su parte, el presidente del bloque oficialista, Facundo López, defendió el trabajo de “muchísimos técnicos que tienen el compromiso y la pertenencia de la defensa de los recursos de Río Negro, esté quien esté en el Gobierno”.
“Vamos hacia estas leyes porque creemos en la protección del medio ambiente, porque defendemos los derechos de las comunidades locales, porque estamos convencidos de que hay que modernizar el Estado, porque creemos que hay que mejorar la fiscalización, lo que generará cumplimiento de los derechos, de las obligaciones y aumento de regalías y de recaudación, y tranquilidad y reglas claras para las empresas”, fundamentó.
“Creemos en el fortalecimiento de la minería, en la participación activa de las comunidades, por eso esta ley está redactada de esta forma, porque ha sido intervenida e interactuada con todos”, aseguró.
Daniel Belloso expresó el voto mayoritario del bloque Unidad Ciudadana: “No podemos en 3 o 4 días avanzar en estos proyectos trascendentes”. Pidió tiempo para tener la posibilidad de mejorarlos.
En ese sentido, Alejandra Más, expresó que los proyectos generaron “más dudas que certezas porque ha sido muy poco el tiempo que hemos tenido para realizar un análisis pormenorizado, exhaustivo y comparativo de las normas”. Expresó la necesidad de seguir trabando con municipios, universidades nacionales, comunidades originarias y distintos actores que tienen aportes interesantes para brindar. Criticó que los proyectos solo tienen el punto de vista de quien hoy está gobernado la provincia.
El bloque del Frente de Todos votó en forma negativa, los legisladores también coincidieron en pedir que el proyecto incluya la participación de más sectores.
Daniela Salzotto coincidió en las críticas hacia la fecha que se eligió para su tratamiento y el tiempo de trabajo que tuvieron los proyectos y a la falta de participación de distintos sectores en el el análisis. En particular, criticó que no se exijan en el proyecto los antecedentes de las empresas que van a realizar la explotación de la actividad minera.
El legislador Alejandro Marinao hizo hincapié en el impacto que pueden tener en los municipios las modificaciones propuestas en los proyectos. Consideró que debe escucharse a los intendentes e intendentas y a los concejos deliberantes de los 39 municipios de la provincia de Río Negro: “Le estamos tocando recursos al buscar derogar del artículo 3 de la ley 1946 el recurso que brinda a través de ingresos de regalías a la minería”, puntualizó.
Con respecto a la modificación en la integración del Consejo Evaluador del Co.P.E.A.M., consideró que no se puede “achicar el nivel de participación”, criticó la exigencia de que las empresas deban tener personería jurídica en la provincia para formar parte de la entidad y que el representante por los pueblos originarios deba pertenecer a la comunidad que exista en el radio de acción directa al proyecto.
José Luis Berros también votó en contra, con críticas a la falta de convocatoria de distintos sectores y de tiempo para el análisis de los proyectos.
La presidente del bloque, María Eugenia Martini, expresó el voto negativo del Frente de Todos, aunque aclaró que su bloque estaba dispuesto a revisar su postura en función de que haya una convocatoria a distintos actores entre la votación entre primera y segunda vuelta y que se tengan en cuenta sus propuestas.
María Inés Grandoso, del Bloque Kolina, tampoco acompañó los proyectos. Consideró que si bien corresponde que haya una actualización de estas leyes, también corresponde que se dé participación del contenido del trabajo realizado sobre estos proyectos.
Modifican el Fondo Provincial de Energía Eléctrica
La Legislatura de Río Negro sancionó hoy la ley del Poder Ejecutivo que modifica parcialmente el “Fondo Provincial de la Energía Eléctrica”.
La ley crea un tercer componente dentro del FPEE, denominado Fondo Complementario de Desarrollo Eléctrico (FoCDE), que se suma y complementa a los existentes: Fondo Provincial de Subsidios Tarifarios (FoProST) y Fondo Provincial de Infraestructura Eléctrica (FoPIE).
El legislador Sebastián Caldiero (JSRN), miembro informante del proyecto, explicó que la propuesta legislativa consiste en ampliar la conformación del Fondo, los recursos y también los destinos para lo que será utilizado.
En este sentido, se habilita el uso para la construcción, ampliación, operación y mantenimiento de redes o micro redes en sistemas aislados, rurales o dispersos (Programa PERMER), otras obras de infraestructura en generación, generación distribuida, transporte y/o distribución necesarias para el crecimiento y seguridad del sistema eléctrico provincial, etc.
Caldiero detalló que se prevé una incorporación de un costo en la tarifa eléctrica de hasta un cinco por ciento total facturado a cargo de los consumidores finales, con el objetivo de realizar obras estructurales que necesita el sistema eléctrico Provincial, a los fines de adecuarlas a las demandas del crecimiento productivo y social de la población rionegrina.
Por su parte, el legislador Ignacio Casamiquela adelantó el rechazó del bloque de FdT a la iniciativa que “tiene una mirada unilateral” y señaló que “no son los usuarios los responsables de las falencias energéticas que tiene Río Negro”.
El legislador Daniel Belloso (Unidad Ciudadana) también expresó su voto negativo a la iniciativa que fue sancionada por mayoría.
Al cierre del debate, el presidente del bloque oficialista, Facundo López indicó que “estamos teniendo la mirada federal y desarrollista que nos caracteriza” y “creemos que esta ley, dentro de ese marco de desarrollo económico productivo, de solidaridad y de federalismo, es una ley que va a ser útil para nuestra Provincia”.
Otorgan la concesión canal principal de Riego del Alto Valle al DPA
El Parlamento sancionó, por unanimidad, el proyecto de ley por el cual se otorga la concesión de uso de agua pública, con fines de generación hidroeléctrica para su venta comercial, en favor del Departamento Provincial de Aguas -DPA-.
El legislador Rubén Sosa (JSRN), miembro informante del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, detalló que la concesión corresponde a la construcción de tres pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, adjudicados recientemente al DPA por la Secretaria de Energía de la Nación, y que se denominan Salto Dique Ballester, Salto Allen y Salto Guerrico, todos a ubicarse sobre el canal principal de riego del Alto Valle.
El legislador solicitó el acompañamientos de sus pares, y destacó la importancia de entender estas obras que mejorarán la calidad de vida de los habitantes de Río Negro, como una “política pública a través de la generación de energía limpia”.
La prestación tiene como destino un servicio de utilidad pública que se regirá por las normas del Código de Aguas y sus reglamentaciones.
Aprueban una actualización de la Ley de Tierras
La Legislatura de Río Negro aprobó hoy, por mayoría, la iniciativa que propone sustituir las disposiciones de la Ley de Tierras y ratificar el dominio sobre las tierras fiscales provinciales y nacionales en territorio rionegrino.
El proyecto, de autoría del bloque Juntos Somos Río Negro, fue acompañado por los bloques del Frente Renovador y Frente Grande, y rechazado por el Frente de Todos, Unidad Ciudadana y Kolina.
El legislador Lucas Pica explicó que la iniciativa fija un régimen general para la administración, disposición y enajenación de tierras fiscales.
Afirmó que la ley Q n° 279 de Tierras Fiscales fue sancionada hace 62 años y que propició un marco legal para el logro de objetivos que tenían que ver con la idiosincrasia de esa época, como favorecer el poblamiento de la provincia, la distribución y producción de la tierra o la organización estatal del uso del suelo no urbano.
En este sentido, señaló que la necesidad de desarrollo actual requiere nuevas soluciones normativas, y que “aquel legislador de 1961 no podía contemplar desarrollos productivos que motorizan nuestra economía, como por ejemplo, emprendimientos turísticos, mineros, e incluso, proyectos de conservación de fauna y flora autóctona, que no tienen recepción normativa.”
“Tenemos que darle además una respuesta a ese viejo tenedor para que puede regularizar, porque efectivamente los instrumentos normativos de hoy no le otorgan esa solución”, expresó.
Señaló que si bien la norma requiere de esta actualización, la mirada conceptual e ideológica sigue siendo la de los constitucionalistas de 1957, que establecieron que “la tierra debe ser para quien la trabaja”.
Como organismo de aplicación se dispone a la Dirección de Tierras, a la que se le va a dar “mucha potencia y poder de policía”. Y a su vez, se prevé su articulación con los organismos que tienen competencias específicas sobre Áreas Naturales Protegidas y Bosques.
Con algunos miembros de la comunidad Mapuche presentes en el recinto a modo de protesta, aclaró que la propuesta incluye un artículo de “autoexclusión normativa”, es decir, que no podrá legislar sobre algunas cuestiones, como por ejemplo lo atinente a las comunidades originarias, que se seguirán rigiendo por la ley Integral del Indígena -2287-.
El presidente del bloque Frente Grande, Marcelo Mango, planteó que algunos puntos requieren mayores precisiones en esta nueva norma y pidió su revisión antes del tratamiento en segunda vuelta, como por ejemplo, el respaldo a los pobladores rurales o pequeños productores en los concursos públicos respecto a las grandes empresas, las regulaciones para la venta de grandes extensiones de tierras, y el resguardo de los grandes recursos naturales estratégicos.
Nicolás Rochas, jefe de la bancada del Frente Renovador, acompañó el proyecto y expresó que “ojalá lo hubiésemos tratado años antes”. En este sentido, explicó que se trata de un instrumento valioso pero de mediados del siglo XX, “y de ese tiempo a esta parte, no solo cambió nuestra idiosincrasia, sino toda la conformación sociológica de nuestra Provincia.”
Si bien reafirmó el espíritu de la ley de que `la tierra es para quien la trabaja`, “hoy no solamente hablamos de trabajo en una única faz, sino también de un concepto más amplio, contemplativo, plural y, fundamentalmente, adaptado a las prioridades que tenemos sobre el ambiente. ”
Ramón Chiocconi (UC) adelantó el voto negativo de su bancada y cuestionó que si bien la norma tiene 62 años, no le parece que sea “urgente” reformarla. Compartió “que es imperioso generar todos los mecanismos que sean necesarios para regularizar y convertir todas las tierras fiscales en productivas”, así como el espíritu desarrollista de la propuesta, pero consideró que el problema del acceso a la tierra es diverso y muy complejo, y que requiere de una política de Estado que cuente con “licencia social”.
“Nos han quedado muchas preguntas dando vueltas y estamos seguros que esas respuestas están en la comunidad, en las organizaciones ambientales, en los sectores productivos, en las universidades públicas, en nuestros pueblos originarios, en las organizaciones de la sociedad civil, pero no las hemos escuchado”, cerró.
El presidente de su bloque, Daniel Belloso, agregó que en tanto no se puedan incorporar mejoras a la propuesta antes de su tratamiento en segunda vuelta, no acompañarán la iniciativa.
De la misma manera, la titular del bloque del Frente de Todos, María Eugenia Martini, señaló que el problema para acompañar la votación es el poco tiempo que tuvieron para tratar un proyecto “sumamente cuestionado”. “Estamos hablando de casi 5 millones de hectáreas de tierras fiscales, un Código que se va a modificar y que deja afuera a sus principales protagonistas: las comunidades originarias y los pobladores rurales.”
También cuestionó las “superfacultades” que tendría la Dirección de Tierras y que no se incluyan en la ley a las comunidades indígenas, en vez de generar esta “excepción”.
Facundo López, presidente de la bancada de Juntos Somos Río Negro, cerró el debate garantizándole a las comunidades originarias que “no va a haber ninguna entrega de tierras fiscales en aquellas que haya algún reclamo de estas comunidades porque antes de eso, se aplica la ley 2287, lo que establece la Constitución y las convenciones internacionales, que desde 1994 tienen para nosotros raigambre constitucional”.
A su vez, defendió la propuesta y la calificó como “innovadora y transparente”, y resaltó que se adecúa a la realidad actual, que busca darle mayor protección y cuidado al medioambiente, y acotar el margen de discrecionalidad.
Aprueban proyecto que permitirá a PROFARSE su expansión nacional e internacional
La Legislatura aprobó hoy por unanimidad un proyecto de ley mediante el que la Productora Farmacéutica Rionegrina Sociedad del Estado (PROFARSE) podrá realizar operaciones para la toma de crédito ante entidades financieras bancarias.
El límite al endeudamiento será de 116 millones de pesos, equivalente al 50% de las ventas expresadas durante el último ejercicio (junio de 2023).
Cabe recordar que PROFARSE es una empresa especializada en la elaboración y comercialización de especialidades medicinales en las formas farmacéuticas de comprimidos, comprimidos recubiertos y sales de rehidratación oral, habiéndose ampliado posteriormente la producción a complementos nutricionales en forma de polvo, destinados a atender la demanda de los sectores sociales en situación de mayor vulnerabilidad.
Actualmente se encuentra en etapa de crecimiento y expansión, y está comprometida en ofrecer formulaciones innovadoras que mejoren la calidad de vida de las personas a través de la nutrición.
La posibilidad de expandir su actividad, tanto a nivel nacional como internacional, constituye un hito de suma importancia y fundamental en el crecimiento de la Provincia, posicionando a una Empresa Estatal Provincial en un lugar operativo y de gran privilegio para cumplir con la finalidad de su creación.
Analizando las estimaciones de crecimiento de PROFARSE, y contemplando las fuentes de financiamiento actuales y las proyecciones de ventas a 18 meses, se observa que las disponibilidades a afectar al financiamiento de la compra de bienes de capital no serían suficientes para realizar las inversiones en los tiempos necesarios.
Por ello la captación de fondos vía endeudamiento sería la forma más conveniente para realizar las inversiones necesarias, con el fin de aumentar la capacidad productiva de la empresa y de esta forma ampliar la gama de bienes a ofrecer al mercado.
Marcela Ávila, autora de la iniciativa junto a Facundo López y Lucas Pica, recordó la creación del laboratorio y la posterior transformación a sociedad del Estado, que “le dio autonomía en la toma de decisiones y le permitió crecer de forma exponencial, incluso expandirse al mercado nacional y posiblemente internacional en el futuro”.
Remarcó las actividades de PROFARSE, entre ellas 14 proyectos de desarrollo junto con distintas universidades nacionales, el CONICET y el INTI.
Finalmente, subrayó que “no necesita del aporte del tesoro provincial para funcionar, pero sí para poder crecer y producir más”.
Sólo los oftalmólogos podrán recetar
Por otra parte, la Legislatura realizó una incorporación a la ley Nº 3338, a través de la cual se expresa que las personas que desempeñen la óptica ocular tienen permitido, bajo exclusiva indicación extendida por médico especialista en oftalmología , dispensar aparato, artefacto, adminículo o similar, cuya finalidad sea modificar, alterar, corregir o de cualquier modo, introducir una variación en la vista natural de las personas.
Asimismo queda claro en la norma legal -cuyos autores son Graciela Valdebenito, Soraya Yahuar Lucas Pica- que la prescripción refractiva, la emisión de fórmulas optométricas y cualquier otro pronóstico o diagnóstico en salud visual, queda reservado a la competencia exclusiva de quienes tengan el título de médico especialista en oftalmología.
La modificación se fundamenta en la preocupación de la Asociación de Oftalmología de Río Negro sobre el riesgo que corre la salud visual de la población de nuestra provincia ante el avance de practicas desprovistas de la indicación profesional médica necesaria.
Al exponer, Valdebenito sostuvo que “se ha visto que a veces los ópticos recetan o vienen camiones con fines comerciales a medir la agudeza visual de las personas”.
En ese sentido subrayó que “hace tiempo que los oftalmólogos vienen trabajando en esto, ya que pretenden que se realice el control de la salud integral de los ojos, que pueden tener cualquier patología necesaria de ser tratada inmediatamente”.
Cerró diciendo que “la vista aporta el 80% de la información que recibimos del entorno”. La propuesta fue votada favorablemente por todo el recinto.
Aprueban la regulación de la pesca deportiva en aguas marítimas rionegrinas
La provincia de Río Negro comenzará a regular la pesca deportiva en sus aguas marítimas, tras un proyecto aprobado por unanimidad esta tarde en la Legislatura. Se entiende esta práctica como la actividad pesquera no comercial que explota los recursos marinos autorizados con fines recreativos y de ocio, prohibiendo la venta o transacción de las capturas obtenidas.
Esta modalidad ha experimentado en los últimos años un considerable aumento, debido al desarrollo del sector turístico. Este fenómeno, sumado a otros factores, favorecen la proliferación de embarcaciones y personas dedicadas a la pesca no profesional y a la práctica de la pesca mediante el buceo en apnea.
Ello exige un régimen de control y limitaciones específicas que deberían sumarse a las medidas de conservación y protección de los recursos. Río Negro carecía de una legislación específica al respecto.
La iniciativa es autoría de María Eugenia Martini, José Luis Berros y Marcelo Szczygol. La primera de ellas destacó el trabajo junto a biólogos y pescadores, compartiendo “la idea de regular esta actividad, no para prohibir nada, sino con la idea de asegurar la conservación fundamentalmente de los tiburones, como ya existe en la provincia de Buenos Aires”.
Szczygol, a su turno, remarcó que “estamos hablando de proteger a los peces cartilaginosos, especialmente los tiburones, que tardan mucho en reproducirse (algunos 20 años) y su numero va disminuyendo”.
Buscan evitar el corte de servicios a familias vulnerables
Por otra parte se aprobó también unánimemente la prórroga, desde su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de 2024, la vigencia de la ley 4395 y sus modificatorias, mediante la cual se suspenden los cortes de servicio públicos domiciliarios de vivienda única familiar a usuarios en situación de desempleo o condición socioeconómica que impida su cumplimiento.
Se propone avanzar debido a que la realidad que motivó la sanción inicial de la iniciativa, en el año 2008, persiste en nuestra provincia, por lo cual resulta necesario dar amparo a los usuarios en las condiciones ya indicadas, que no sólo no pueden abonar las tarifas en tiempo y forma, sino que tampoco pueden costear los eventuales gastos de reconexión.
Es por ello que resulta fundamental avanzar en una prórroga que sostenga esta tutela especial a los usuarios más vulnerables, como así también se continúe brindando la alternativa de suscribir planes de pagos sin costos extras.
María Gemignani, autora de la iniciativa junto a Facundo López, describió que “es una importante herramienta para familias que lo necesiten y que se trata de un proyecto que debe prorrogarse año tras año “porque hay algunas empresas prestatarias que, a veces, hacen oídos sordos”.
Amistad con Chile
Más delante , tuvo respaldo legislativo una iniciativa que declara en Río Negro el año 2024 como “40 años de la firma del Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile”, cuyo origen está en la situación del Canal de Beagle que puso a ambos países al borde de un conflicto bélico, en diciembre de 1978. Por ello se dispone que durante el año 2024 toda la papelería y medios digitales oficiales utilizados en los organismos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo lleve en el margen superior derecho la leyenda referida a esta fecha.
El autor de la idea (apoyada por todos los legisladores presentes), Alejandro Marinao, mencionó que “estuvo a horas de transformarse en una guerra por un punto estratatéegico, como lo es el mar austral” y recordó incluso “la movilización de las fuerzas armadas de nuestro país hasta que se produjo el llamado de paz por parte del Papa Juan Pablo II y una posterior consulta popular.
Digesto Jurídico
Finalmente se aprobó este viernes un proyecto que consolida las normas sancionadas y emitidas entre febrero de 2022 y septiembre de 2023, incorporándolas al Digesto Jurídico de Río Negro.
La provincia, de esta manera, continua su proceso de modernización normativo, que la mantiene a la vanguardia en esta materia, ya que no sólo fue la primera que ha aprobado su Digesto Jurídico, sino que además cumple con su compromiso de mantenerlo actualizado.