La municipalidad de San Antonio fue embargada por una suma de $ 1.300.000 ($ 500.000 de capital y $ 800.000 de intereses) por la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), debido al inicio de un juicio por no abonar las retenciones que les realiza a sus proveedores.
Los incumplimientos datan del período 2012-2013, aunque es posible que existan nuevos reclamos, porque las presentaciones pertinentes y sus correspondientes pagos recién se regularizaron con la asunción del nuevo secretario de Hacienda, Eduardo Young, que ocupó la cartera a fines del año pasado, tras la salida de Leandro Micelli.
Sobre este último, existe una presentación elevada por el Concejo Deliberante al Tribunal de Cuentas, mediante el voto de la mayoría, que pide el inicio de un proceso de responsabilidad en el marco de la ordenanza de juicio Ejecutivo, que apunta a sancionar a los que hayan incurrido en inconductas vinculadas al ejercicio de su función o al manejo de fondos públicos.
Mientras tanto, la novedad es que, luego del embargo que trabó la AFIP en una de las cuentas municipales, el Ejecutivo estableció un plan de pago que comenzará a abonar el mes próximo.
“El embargo en realidad fue por $ 600.000, y el ente retuvo $ 300.000 de una de las cuentas de rentas generales, a la que entra dinero de la de coparticipación y del pago de contribuyentes. Por el millón que quedaría impago se acordó hacer una entrega y un plan de seis cuotas” explicó Young.
Con respecto a los incumplimientos que provocaron el inicio del juicio prefirió “no opinar”, aunque reconoció que al iniciar su labor en la cartera este tema fue el primero que tuvo que abordar debido a que inmediatamente recibió “una intimación avisando del inicio del proceso por parte de la AFIP”.
Por su parte el presidente del Concejo Deliberante, Luis Esquivel (FpV en disidencia), expresó que “desde el cuerpo, en la última sesión que tuvimos en diciembre, al enterarnos lo ocurrido elevamos ese pedido de inicio de juicio de responsabilidad a Micelli (el ex titular de Hacienda). Pero hasta ahora no sabemos en qué quedó el tema”.
Debido a esa inquietud, el miércoles los concejales mantendrán un encuentro con el órgano de contralor, al que, entre otros puntos, consultarán sobre lo actuado en relación a esa solicitud.
“Por mi parte creo que es grave lo ocurrido, y considero que el funcionario que incurrió en el incumplimiento que ameritó el inicio del juicio debería responder por el perjuicio económico causado” opinó Esquivel.
